Se cumplen dos años del estallido social que dejó graves violaciones a los derechos humanos de la población civil.
El 28 de abril del 2021 se convocó una manifestación, inicialmente en rechazo de la reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional del entonces expresidente Duque, que se extendió hasta convertirse en un Paro Nacional sin precedentes en la historia. Cali fue una de las ciudades en donde tuvo más fuerza el estallido social, puesto que en varios lugares de la ciudad, se vivieron grandes protestas y fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.
La falta de oportunidades desde lo urbano, fue una de la causas que llevaron al estallido social, por esta razón los Consejeros de Paz destacan la importancia de seguir apostando a que los jóvenes tengan garantías para una construcción de paz incluyente para todos.
Los Consejeros de Paz en el momento del estallido posibilitaron e hicieron un llamado a la calma, y fueron las voces de los diferentes sectores y actores de la sociedad caleña, además de ser intermediarios entre las instituciones y la sociedad civil.
También, estuvieron presentes en todos los movimientos que surgieron, acompañaron a los diferentes procesos en este; fueron interlocutores con las diferentes administraciones municipales y con los manifestantes y, le apostaron a la garantía de derechos y a poder seguir construyendo paz desde los territorios.
Este trabajo de los Consejos de Paz de Cali y otros municipios del Valle fue acompañado por varias instituciones entre ellas la Iglesia católica, mediante su programa ConPaz, que apoya el fortalecimiento de 125 Consejos de Paz del país.
Según afirmó Lina Tabares, consejera de paz de Jamundí y defensora de derechos humanos de Tejido Social Por La Paz que vivió de cerca la movilización: “Las demandas de los jóvenes que participaron en el estallido social, no han sido escuchados en su totalidad, muchos de estos se encuentran vinculados a diferentes escenarios de las administraciones municipales, pero aún se continua en el cambio y la lucha para que esas exigencias que llevaron al estallido social puedan ser concertadas y puedan seguir avanzando”.
Dos años después, en uno de esos locales de la Quinta donde funcionó un banco que fue incendiado, existe el Centro de Paz Urbana para el área metropolitana, que se localiza en el barrio San Fernando y es una iniciativa de la Arquidiócesis de Cali y organizaciones de la sociedad civil, la cual sirve como espacio para que la sociedad caleña se encuentre y posibilite el diálogo para transformar los conflictos en paz.
