Una demanda presentada en 2021 por la Sociedad Hidroituango contra EPM culmina en el dictamen del laudo arbitral.
Un fallo arbitral emitido por un tribunal convocado por la Cámara de Comercio de Medellín dictaminó este jueves que Empresas Públicas de Medellín (EPM) es responsable de abonar la suma de $781.828 millones como consecuencia de una demanda interpuesta en 2021 por Hidroituango.
La resolución judicial, que se produce en el marco de una disputa entre la Gobernación de Antioquia y la empresa de servicios públicos de la Alcaldía de Medellín, refleja un veredicto contundente. La sociedad que gestiona la central está compuesta en un 52 % por acciones de la Gobernación y un 46 % por EPM, controlada por el gobierno de la capital antioqueña.
La principal implicación de este laudo es la obligación de EPM de pagar $781.828 millones por concepto de «cláusulas penales de apremio por incumplimiento de hitos«. Asimismo, EPM asumirá los costos derivados de la contingencia en el proyecto Hidroituango, que estuvo al borde del colapso en 2018. Estos costos incluyen los deducibles de las pólizas de seguro y las sumas no reparadas por las compañías aseguradoras, según especifica el fallo.
Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, expresó a través de un comunicado que, desde 2020, se buscaron acercamientos con EPM para resolver las diferencias jurídicas y económicas derivadas de la contingencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se lograron acuerdos satisfactorios.
El proceso legal se remonta a la crisis en Hidroituango en 2018, cuando la megaobra estuvo al borde del colapso. La demora en desviar el río Cauca y los retrasos en la construcción llevaron a situaciones críticas. La estructura no contemplada inicialmente en los diseños, la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), colapsó en 2018, desencadenando la contingencia que afectó significativamente el proyecto hidroeléctrico.
Con este fallo, se espera que EPM asuma las responsabilidades financieras derivadas de la contingencia.
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