En las instalaciones de la Procuraduría, la reunión de este martes entre la Cancillería y Thomas Greg, constituía la última posibilidad de alcanzar una conciliación y evitar niveles judiciales superiores.
Continua el litigio por el contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, ya que la audiencia de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons no logró llegar a un acuerdo. La falta de consenso en esta reunión deja al Estado expuesto a una posible demanda que superaría los 117 mil millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación fue el escenario de este nuevo intento de conciliación, convocado después de que la licitación del contrato millonario fuera declarada desierta, a pesar de que Thomas Greg & Sons cumplió con los requisitos para adjudicárselo.
La audiencia, que duró apenas media hora, concluyó sin que ambas partes lograran reconciliar sus diferencias. La Cancillería, en lugar de aceptar la propuesta de conciliación presentada por Thomas Greg el 30 de noviembre, insiste en llevar a cabo una nueva licitación, arriesgándose así a enfrentar la demanda millonaria de la empresa.
En la audiencia de este 19 de diciembre, los representantes de la Cancillería debían presentar una respuesta a la propuesta de conciliación, la cual buscaba la adjudicación del contrato y la retirada de la demanda de 117 mil millones de pesos. Antes de esta audiencia, el abogado Germán Calderón España renunció, argumentando que el Estado debería llegar a un acuerdo para evitar un detrimento patrimonial.
Aunque se había especulado que el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores estaría a favor de llegar a un acuerdo, la Cancillería revirtió su decisión previa a la audiencia y optó por no conciliar con Thomas Greg. Esta fue la última audiencia en la Procuraduría, lo que deja a ambas partes a la espera de los posibles escenarios jurídicos que seguirán a la suspensión de la licitación.
El conflicto entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons ha generado tensiones internas, incluyendo desacuerdos entre el ministro Álvaro Leyva y la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora. Mientras Zamora abogaba por evitar una demanda, Leyva insiste en realizar una nueva licitación y mantener su decisión de declarar desierta la licitación, lo que podría llevar a enfrentamientos legales con la empresa.
