La noticia sobre la inminente llegada del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso a Colombia en las próximas semanas, fue abordada por el ministro de Defensa.
El regreso a Colombia del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, quien comandó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), plantea importantes desafíos de seguridad y justicia para el Gobierno nacional. Tras su condena por narcotráfico en Estados Unidos, Mancuso enfrenta una serie de procesos legales en su país de origen, y su posible deportación ha generado preocupación en la opinión pública.
En medio de la incertidumbre sobre el destino de Mancuso, el Gobierno colombiano se ha comprometido a garantizar su seguridad una vez que sea deportado desde Estados Unidos. Este compromiso fue reafirmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante una rueda de prensa en la que también se discutió el riesgo que enfrenta el exlíder paramilitar debido a sus aportes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Mancuso, actualmente detenido en el Centro de Detención Stewart en Georgia, ha solicitado permanecer en Estados Unidos o ser enviado a Italia para evitar enfrentar la justicia colombiana. Sin embargo, ha accedido a comparecer ante la JEP para contribuir con la verdad sobre su participación en el conflicto armado, lo que ha generado un debate sobre su retorno al país.
La JEP aceptó de manera excepcional la comparecencia de Mancuso en noviembre del año pasado, lo que ha aumentado la presión sobre el Gobierno para garantizar su seguridad una vez que regrese a Colombia. Aunque no se han dado detalles sobre su vuelta, se ha señalado que deberá ser detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales debido a los requerimientos en su contra.
El regreso de Mancuso también plantea desafíos en términos de reconciliación y justicia transicional en Colombia. Las AUC, grupo que lideró Mancuso, se desmovilizaron en 2006 como parte de un acuerdo con el Gobierno, pero algunos de sus líderes, incluido él, fueron extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Su regreso al país abre la puerta a nuevos interrogantes sobre el manejo de la justicia y la memoria histórica en el contexto del conflicto armado colombiano.
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