Los excombatientes de las Farc y firmantes del acuerdo piden garantías en sus territorios
La Defensoría del Pueblo emitió Alertas Tempranas con el fin de informar acerca de los potenciales riesgos en los que se encontraban los miembros de las extintas Farc en el espacio territorial Urías Rondón, en El Yarí (Meta), pese a esto la tranquilidad aún no llega para estas familias.
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Desde el pasado 18 de noviembre de 2021, la violencia los obligó a desplazarse desde su asentamiento en el Meta rumbo al predio San José, lugar asignado por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), en el municipio de El Doncello (Caquetá).
En la salida de su territorio la caravana de excombatientes fue atacada con ráfagas de fusil por grupos armados identificados como disidencias, y el camión de sus enceres fue incendiado. ‘Somos víctimas de desplazamiento forzado colectivo’ afirman los ex miembros de las Farc.
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Luego de los llamados a la Consejería de Estabilización y Normalización, a la Fiscalía General de la Nación y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se estudiarán los trámites oficiosos de medidas cautelares de protección para estos 106 excombatientes afectados en el espacio Urías Rondón y sus respectivos núcleos familiares.
En la diligencia se encontraban voceros del espacio territorial que iban a hablar ante la magistrada Jaramillo. Pero por las delicadas medidas de seguridad acudieron menos de los que se esperaba por miedo a represalias, cuestión que “evidencia cómo está de grave el tema”.
