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Acemi critica intervención en EPS Sanitas. Responsabiliza al Gobierno nacional de la crisis

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Acemi indicó que la EPS Sanitas ha alcanzado los estándares requeridos en la prestación de servicios de salud.

Tras el anuncio de la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Supersalud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha expresado su contundente rechazo a esta medida. En un comunicado oficial, Acemi destacó la gestión de Sanitas frente a sus afiliados y su valiosa contribución al sistema de salud del país.

El gremio de las EPS hizo hincapié en que esta intervención afectará a más de 5.7 millones de afiliados, muchos de ellos de alto costo, distribuidos en 560 municipios colombianos. «Esta medida se toma a pesar de las reiteradas solicitudes que, desde diferentes actores del sistema, hemos hecho al Gobierno Nacional para adoptar las medidas requeridas y conjurar la crisis del sector«, manifestó la agremiación.

En su comunicado, Acemi señaló que la intervención de Sanitas se produce en un contexto político marcado por la discusión sobre la reforma de la salud y su posible hundimiento. Además, enfatizó que esta medida no aborda los problemas de financiamiento estructural que impactan negativamente la garantía efectiva del derecho a la salud de los ciudadanos colombianos.

El gremio también hizo referencia a intervenciones anteriores, como la de Famisanar, otra EPS afiliada al mismo, indicando que estas acciones no han logrado resolver los problemas del sector y amenazan con un colapso en la atención de millones de usuarios.

Acemi reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que atienda de manera urgente las necesidades del sistema de salud, promueva un diálogo constructivo sobre los cambios necesarios y reconozca la importancia de todos los actores involucrados, así como la necesidad de una articulación efectiva entre lo público y lo privado en todos los ámbitos sociales y económicos del país.

Por otro lado, Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios EPS Sanitas, denunció que la intervención de Sanitas es una «retaliación» del Gobierno debido a la no aprobación de la reforma de la salud, actualmente estancada en la Comisión Séptima del Senado. Quiceno afirmó que esta medida no es sorpresiva, ya que se venía rumoreando desde hace tiempo.

Según ella, Sanitas es una de las EPS mejor valoradas del país, a pesar de algunas dificultades en la entrega de medicamentos que afectan también a otras empresas del sistema de salud. Quiceno resaltó que el problema de desabastecimiento no es exclusivo de Sanitas, sino de todas las EPS, y atribuyó los problemas de la entidad al desfinanciamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

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La Superintendencia Nacional de Salud emitió una notificación de intervención a la EPS Sanitas por enfrentar dificultades financieras durante varios meses.

El martes 2 de abril, el sistema de salud enfrentó otro golpe con la intervención administrativa de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). Esta medida se produce en medio de una crisis profunda y en un momento crítico donde la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro corre el riesgo de fracasar en el Congreso.

La EPS Sanitas, siendo la segunda EPS más grande del país con aproximadamente 5,7 millones de afiliados, es una pieza clave en el sistema de atención médica colombiano. La intervención de esta entidad no solo plantea desafíos inmediatos en términos de gestión y continuidad de la atención para sus afiliados, sino que también destaca problemas estructurales más amplios en el sistema de salud del país.

La Superintendencia Nacional de Salud justifica esta intervención como una medida necesaria para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud ofrecidos por la EPS Sanitas. Sin embargo, la noticia ha generado preocupación entre los afiliados a la EPS intervenida, quienes temen por la estabilidad de su atención médica y el acceso a los servicios necesarios.

Esta intervención se suma a una serie de medidas similares tomadas en otras EPS, como Famisanar, Emmsanar, Savia Salud y Asmet Salud, lo que refleja una crisis sistémica más amplia en el sector de la salud en el país. Estas intervenciones han puesto de manifiesto problemas como la falta de control financiero, deficiencias en la prestación de servicios médicos y tensiones entre las entidades prestadoras de salud y el gobierno.

En la resolución 202416 de 2024 se mencionan algunas de las razones por las cuales la Supersalud ha decidido tomar medidas respecto a Sanitas. El documento, redactado por Luis Carlos Leal, abarca más de diez páginas detallando la situación financiera de la EPS.

Primero, destaca que la EPS no ha cumplido con el indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica desde el cierre de la vigencia 2020 hasta 2023. Además, señala un aumento del 11% en la siniestralidad de Sanitas entre 2019 y 2023, llegando a un 103,9%. La siniestralidad refiere al gasto de la EPS en comparación con sus ingresos para los servicios de salud de los afiliados, lo que indica un gasto de 103.9 pesos por cada 100 recibidos de la UPC.

Hasta enero de 2024, Sanitas tiene una tasa de reclamaciones en salud del 26,07 acumulada y 15.070 reclamaciones solo en ese mes. Esto es descrito como una «alarmante escalada en la calidad de reclamaciones» por la Supersalud.

Durante el 2023, Sanitas tuvo un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, superando el promedio nacional. Esta tendencia continúa en 2024, con 15.070 nuevas reclamaciones en enero, lo que indica una posible empeoramiento de los problemas subyacentes.

La Supersalud señala debilidades en el cumplimiento de estatutos y organización, con bajos índices de cumplimiento en estándares, prestación efectiva de servicios y tecnologías en salud, así como la red de prestadores de servicios de salud. La EPS mostraba un cumplimiento del 40% en indicadores de contratación y pago de tecnologías en salud.

Duver Dicson Vargas Rojas será el interventor designado, quien deberá formar una junta asesora y presentar un plan de trabajo en treinta días. Se exige mejorar el indicador de siniestralidad, gestionar el recaudo de la cartera, conciliar obligaciones pendientes con prestadores de servicios y aplicar medidas para la recuperación financiera de la EPS.

Cabe recordar que, la EPS Sanitas es propiedad del conglomerado Keralty S.A.S, un grupo empresarial con presencia no solo en Colombia, sino también en otros países de la región y del mundo.

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