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Alejandro Lyons destituido e inhabilitado 10 años por pago a IPS sin contrato

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Lyons, detenido en Estados Unidos y condenado por el cartel de la toga en Colombia, enfrenta una sanción por autorizar un pago de más de $7.000 millones a una IPS sin contrato previo.

En primera instancia, la Procuraduría dictaminó la destitución e inhabilitación por 10 años del político del partido de la U, Alejandro Lyons. La sanción se atribuye a la supuesta «omisión del control y vigilancia de la actividad contractual delegada» por parte de Lyons. El Ministerio Público sostiene que esta omisión condujo al pago de $7.886.574.000 sin la celebración de acuerdos de voluntades con diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por un paquete integral de neurorrehabilitación.

Además, la Procuraduría impuso sanciones de destitución e inhabilidad al exsecretarios de Desarrollo de Salud del departamento, Alexis José Gaines Acuña y Alfredo José Aruachán por nueve años, y a Edwin de Jesús Preciado por ocho años.

El ente de control determinó que el exgobernador Lyons Muskus «descuidó la supervisión de las facultades delegadas a los exsecretarios de Salud, resultando en un pago de $7.886.574.000 por servicios de terapias de neurodesarrollo dirigidos a la población de bajos recursos no cubiertos por el POS, sin acuerdos de voluntades entre el ente territorial y las IPS Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S.«.

Por otro lado, la Procuraduría encontró que el exsecretario de salud Alexis José Gaines Acuña autorizó pagos de $1.193.930.000 a las IPS Girasoles y Crecer y Sonreír en 2014 sin acuerdos previos; y el exsecretario de Salud Alfredo José Aruachán Narváez emitió 10 actos administrativos en 2014 para pagar cerca de $6.064′044.000 a tres IPS sin contratos. Edwin de Jesús Preciado Lorduy ordenó un pago de $628′600.000 a la IPS Girasoles en 2015 sin cumplir procedimientos legales.

El Ministerio Público sostuvo que los funcionarios quebrantaron los principios de economía y responsabilidad en las funciones de contratación y gasto. Según la entidad, esto ocurrió al usar el presupuesto departamental sin respetar la legislación vigente en seguridad social en salud. Como resultado, ha enviado evidencia a la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

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