La Cámara Baja del Parlamento aprobó el proyecto de la legalización del cannabis recreativo con el voto de coalición de gobierno (socialdemócratas, verdes y liberales) y la izquierda. Sin embargo, su uso público estará restringido.
La Cámara Baja del Parlamento alemán, el Bundestag, ha aprobado recientemente la legalización del posesión y consumo de cannabis en ese país, con ciertas restricciones. Este proyecto de ley fue propuesto por el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, en abril del año pasado y ha sido objeto de gran polémica. La aprobación de la ley fue obtenida con la votación a favor de los diputados de la coalición de gobierno formada por socialdemócratas, verdes y liberales, así como de la izquierda. Por otro lado, la oposición cristianodemócrata y los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD) votaron en contra.
El ministro Lauterbach, quien durante muchos años se encontraba en contra de la legalización, ha manifestado que «es la ciencia la que dice ahora que hay que seguir este camino«. En su intervención, ha abogado por evitar el «punitivismo y la tabuización» y por no «criminalizar a los jóvenes a los que hemos destruido la vida porque no los hemos protegido del mercado negro«.
A partir de abril, cuando entrará en vigor la nueva ley, los mayores de 18 años podrán cultivar en casa un máximo de tres plantas de cannabis para autoconsumo o poseer 50 gramos de flores secas en su espacio privado. Si se encuentran en el espacio público, el límite será de 25 gramos. Además, a partir de julio, se legalizarán los llamados ‘clubs’ que podrán reunir hasta 500 miembros para el cultivo colectivo y no comercial de cannabis, permitiendo el intercambio entre ellos para consumo privado.
Las sentencias por posesión o autocultivo por cantidades de hasta 25 gramos serán eliminadas de los antecedentes penales de los condenados de forma retroactiva. Sin embargo, el consumo en público seguirá estando sometido a una serie de restricciones, ya que seguirá siendo ilegal en un radio de 100 metros de los puntos de entrada a centros educativos e instalaciones deportivas.
Por último, a más tardar 18 meses después de la entrada en vigor de la nueva ley, se realizará una evaluación para determinar qué efecto está teniendo sobre la salud de niños y adolescentes.
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