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Álvaro Uribe: «Juicio en mi contra motivado por venganzas políticas»

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Álvaro Uribe anunció en redes sociales que su juicio es parte de una política de paz total y búsqueda de ley de punto final. También criticó la comparación con Mancuso «Quieren igualar a quienes hemos defendido la ley con los delincuentes».

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido citado a juicio por la Fiscalía General de la Nación debido a acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal, lo cual ha suscitado diversas reacciones. En una reciente transmisión por redes sociales, Uribe compartió su perspectiva sobre las acusaciones, argumentando que el proceso judicial está impulsado por motivaciones políticas adversas.

«Desde siempre he abogado por la verdad; jamás he instado a mentir o callar. Mi insistencia en la verdad, presente en múltiples ocasiones durante las comunicaciones ilegalmente interceptadas, llevó a la Corte a suponer que era una fachada, una simulación de mi parte. Este proceso legal está motivado por suposiciones políticas, resentimientos personales y venganzas políticas, sin evidencia que respalde la idea de que intentaba sobornar testigos o engañar a la justicia», declaró el expresidente.

Uribe mencionó varios precedentes y decisiones judiciales que, según su opinión, evidencian la falta de fundamentos en las acusaciones en su contra. Hizo hincapié en las determinaciones de dos fiscales y varios procuradores que no hallaron motivos para acusarlo y respaldaron peticiones de preclusión. Asimismo, destacó la participación de la Corte Constitucional y las acciones de ciertos magistrados que, en su criterio, han demostrado tener una animadversión personal hacia él, lo cual podría comprometer la imparcialidad del proceso.

«Mis acusadores disfrutan de amplias libertades, mientras que a mí me imputan cargos sin pruebas por soborno de testigos y obstrucción a la justicia. Durante este proceso, ha quedado evidente el trasfondo de las declaraciones de ciertas personas respecto al fiscal Montealegre, cuyo evidente resentimiento político hacia mí y mi familia es notorio. Esta manipulación en mi contra parece formar parte de los motivos para un acuerdo de paz total o una ley de punto final», agregó Uribe.

Resaltó la carencia de pruebas concretas que lo impliquen en los delitos de los que se le acusa. Según su declaración, ninguna de las pruebas presentadas hasta la fecha demuestra su participación en soborno de testigos o intentos de engañar al sistema judicial. Hizo mención de casos específicos de testigos que, según él han sido manipulados o han proporcionado declaraciones contradictorias a lo largo del tiempo. Además, argumentó que se han pasado por alto evidencias y testimonios que podrían exonerarlo de responsabilidad.

Uribe destacó su extensa trayectoria política y personal, defendiendo enérgicamente su integridad y su compromiso con la verdad y la justicia. Argumentó que su único propósito ha sido esclarecer los hechos y proteger su reputación frente a lo que considera difamaciones y manipulaciones. No obstante, expresó su pesar por ser equiparado con delincuentes.

«Entonces, que perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con las FARC, y que justifiquen esto bajo la premisa de perdonar a quienes no hemos cometido delitos. Coincide con esto la aparición de Mancuso, a quien extradité. Ha habido tanta manipulación en mi contra que el señor Mancuso se negó a declarar en mi caso, presentando excusas que hemos aceptado. Tampoco declararon Monsalve ni la supuesta víctima de Yanira. Sin embargo, las declaraciones de Monsalve y otros en el juicio contra el doctor Diego Cadena habrían sido más que suficientes para que la Fiscalía descartara cualquier posibilidad de acusación. Quieren y necesitan igualar a aquellos de nosotros que hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes», concluyó.

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La Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, presentó formalmente cargos contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos mencionados. Esto significa que el exmandatario será sometido a juicio.

El expresidente Álvaro Uribe enfrentará un juicio por supuestos delitos de soborno y fraude procesal, tras la presentación de una acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Este caso se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, la Corte decidió iniciar una investigación contra el exjefe de Estado.

Uribe estuvo bajo arresto domiciliario en 2020 en relación con este caso. En marzo del mismo año, el proceso fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación, que intentó archivarlo en dos ocasiones, pero ambas solicitudes fueron rechazadas por jueces. El 16 de enero de 2024, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villareal, asumió el caso y presentó formalmente los cargos contra el exmandatario.

En primer lugar, se llevará a cabo una audiencia de acusación en la que la Fiscalía presentará formalmente el escrito de acusación. Después de esto, se llevarán a cabo audiencias preparatorias de juicio, durante las cuales las partes discutirán las pruebas que se presentarán. Se estima que este proceso tomará entre 4 y 6 meses.

Después de estas etapas, comienza el juicio, durante el cual el ente investigador presenta sus pruebas, seguido por la defensa de Álvaro Uribe, quien intentará demostrar la inocencia de su cliente. Si es encontrado culpable, el expresidente podría enfrentar una condena de entre 74 y 126 meses de cárcel (equivalente a 12 años) por el cargo principal, mientras que por fraude procesal la pena oscila entre 4 y 8 años de prisión.

En relación con el procedimiento de esta nueva decisión, que nuevamente coloca al expresidente Uribe en el banquillo de los acusados, la Fiscalía aclaró que, «una vez que el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá realice el reparto y se determine el juzgado penal del circuito responsable del juicio, se llevará a cabo la audiencia de formalización de la acusación en la fecha y hora designadas por la judicatura».

Este llamado a juicio, realizado al inicio de la gestión de Camargo, ha generado reacciones tanto a favor como en contra, las cuales están relacionadas precisamente con el cambio de administración en la Fiscalía.

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