En el marco de la Cumbre de gobernadores en Cartagena, el presidente Gustavo Petro se refirió a los disturbios acontecidos en las cercanías del Palacio de Justicia y la reacción de la Corte Suprema no se hizo esperar.
La Corte Suprema de Justicia emitió un mensaje desde su cuenta en una red social, reafirmando la importancia de no minimizar la gravedad del bloqueo al Palacio de Justicia de Bogotá ocurrido el pasado 8 de febrero. En medio de la solicitud de algunos manifestantes para que el alto tribunal elija una nueva fiscal general, se desencadenó un intento de asalto al lugar por parte de un grupo de personas.
En su mensaje, la Corte Suprema ratificó la magnitud de lo ocurrido, describiéndolo como un «asedio» y «bloqueo violento e ilegal«, haciendo referencia al comunicado emitido anteriormente sobre el bloqueo a su sede judicial. El presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra Castro, miembro de la Sala Penal, reiteró la gravedad de los hechos en el comunicado emitido el día anterior.
Ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de Justicia, la @CorteSupremaJ ratifica la magnitud de lo ocurrido, descrita en el comunicado emitido con ocasión del bloqueo a su sede judicial. Ver: pic.twitter.com/BAOPH4uR8s
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 9, 2024
Esta declaración se produce después de que el presidente Gustavo Petro enfatizara que nunca se restringió la movilidad de los funcionarios del Palacio de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema no mencionó directamente al jefe de Estado ni a ningún miembro de su gabinete ministerial en su mensaje.
Petro, por su parte, admitió que hubo fallas en el protocolo inicial de protección a las instalaciones del poder judicial, pero negó la existencia de violencia en las movilizaciones en el país, refutando ciertos relatos periodísticos al respecto.
En su mensaje, la Corte Suprema recordó el comunicado en el que advirtió sobre la gravedad de los hechos, señalando que el bloqueo no solo afectó gravemente el derecho a la libertad de locomoción, sino que también puso en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes del principal edificio judicial del país.
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