Con una investigación en curso y una decisión por tomar en sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), el caso de la campaña de Gustavo Petro está en el ojo del huracán.
La decisión de los magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), de abrir una investigación a la campaña Petro Presidente por violación de topes ha generado una serie de coletazos en el ámbito político y judicial de Colombia. Aunque esta ponencia aún debe ser discutida y votada en sala plena del CNE, el presidente Gustavo Petro ha rechazado enfáticamente la decisión, argumentando que es una estrategia para desestabilizar su gobierno.
La ponencia de apertura de investigación y formulación de cargos menciona no solo al presidente en calidad de candidato, Gustavo Petro, sino también a otros nombres clave en la campaña. Entre ellos se encuentran Ricardo Roa Barragán, quien era el gerente de la campaña y actualmente lidera Ecopetrol. Además, se menciona a María Lucy Soto Caro, auditora del Movimiento Político Colombia Humana, y a Juan Carlos Lemus Gómez, auditor del Partido Político Unión Patriótica.
La resolución del CNE revelada por El Tiempo señala que Soto Caro y Lemus Gómez tuvieron un rol crucial en el manejo de los informes financieros de la campaña, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. En relación a la primera vuelta, se indica que hubo modificaciones significativas en los informes de ingresos y gastos, lo cual ha generado sospechas sobre la transparencia en las cuentas de la campaña.
Comunicado de Prensa, 8 de mayo. pic.twitter.com/KHiubVPilZ
— CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) May 8, 2024
Según la investigación de El Tiempo, ambos terminaron trabajando para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), uno como funcionario y otro como contratista. María Lucy Soto Caro ocupó el cargo de secretaria general del ICBF hasta finales de abril pasado, momento en el que se retiró al cumplir la edad de pensión. Por su parte, Juan Carlos Lemus fue contratista del ICBF desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024, desempeñando labores relacionadas con el desarrollo de actividades financieras y administrativas.
La presencia de estos auditores mencionados en la investigación del CNE en una entidad del Gobierno como el ICBF ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la integridad de sus funciones en la campaña y posteriormente en el sector público.
La ponencia de los magistrados investigadores será sometida a votación en la sala plena del CNE en las próximas semanas. Se requerirá el voto de al menos 6 miembros para modificarla, aprobarla o rechazarla. Se espera que este proceso involucre a conjueces para tomar una decisión definitiva sobre el caso.
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