Tras 15 meses de investigaciones, la Policía y la Fiscalía, en colaboración con la Secretaría de Seguridad, lograron detener a 10 personas, incluida una mujer, todos miembros de una peligrosa banda involucrada en el tráfico de armas de fuego, municiones y estupefacientes. Esta banda se especializaba en la modificación de armas traumáticas para convertirlas en letales, las cuales eran vendidas a organizaciones criminales y sicarios.
Según las autoridades, los delincuentes usaban como fachada una casa en un municipio cercano a Bogotá, que aparentaba ser un taller de vehículos. No obstante, era desde este lugar donde modificaban armamento y comercializaban municiones.
“Es crucial este logro, ya que combatir el crimen y la violencia exige un esfuerzo continuo para despojar a estos criminales de los medios que utilizan para estas actividades. Confiscar armas y desmantelar armerías que sirven al crimen es un paso significativo para debilitar el delito”, señaló César Restrepo, secretario de seguridad.
Según informaron las autoridades, la banda de delincuentes transportaban las armas en camiones que llevaban alimentos y empleaban a una mujer, hija de uno de los arrestados, como mensajera. Ella también enfrentará cargos por tráfico de armas y municiones.
Las operaciones de registro y allanamiento se llevaron a cabo en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño, así como en los municipios de Chiquinquirá y Saboyá en el departamento de Boyacá, y en Pacho, Cundinamarca, lo que resultó en la captura de los diez implicados.
Un juez de control de garantías dictó medida de detención en un establecimiento carcelario para los diez arrestados, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.
Estos criminales, con una historia delictiva de unos 5 años, se dedicaban a la venta y envío de armas de fuego, municiones y drogas al departamento del Caquetá, una región también afectada por la presencia del ‘Estado Mayor Central – Farc’. Además, distribuían sus productos en Bogotá y en el departamento de Boyacá, generando para el grupo ingresos ilícitos de hasta 400 millones de pesos al año.
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