Carlos Antonio Lozada, reconocido como senador, detalló las quejas de los suscriptores del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC con respecto al tribunal responsable de enjuiciar sus actos delictivo, en este caso la JEP.
El miércoles 7 de febrero, el Partido Comunes, integrado principalmente por los firmantes del acuerdo de paz en La Habana, Cuba, remitió una carta al presidente Gustavo Petro manifestando su inquietud ante lo que consideran reiterados incumplimientos del acuerdo debido al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación con lo pactado en 2016.
La misiva fue enviada luego de que la JEP citara a tres exmiembros del secretariado de las FARC y a otros seis exguerrilleros para que rindieran su testimonio sobre el atentado perpetrado por dicha guerrilla en 2003 contra el Club El Nogal.
En una entrevista para Cambio, Carlos Lozada, senador del Partido Comunes y excombatiente de las FARC, expresó su profunda preocupación por la dirección que está tomando la implementación del acuerdo de paz en Colombia a causa de la JEP. Lozada explicó las razones detrás del envío de la carta, destacando la preocupación de los firmantes del acuerdo por la falta de reconocimiento por parte de la JEP de su papel como «altos contratantes» en el acuerdo de 2016, así como la negación repetida de amnistías que los deja en un limbo jurídico y dificulta su reintegración plena a la sociedad civil.
«La JEP debe entender que tenemos una doble condición: somos altos contratantes y comparecientes en este proceso de paz«, afirmó el exFARC, agregando: «Han negado un número importante de amnistías y eso deja a la gente en inseguridad jurídica«.
Carta pública al Señor Presidente de la República, dr Gustavo Petro.
"Las decisiones judiciales que viene tomando la JEP, la alejan del espíritu del Acuerdo de Paz, generando serios riesgos a la seguridad jurídica de los firmantes y al sostenimiento del proceso de paz". pic.twitter.com/fdsaHimaS6
— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) February 7, 2024
Lozada también denunció que la JEP ha violado repetidamente el acuerdo de paz al citar a declarar a miembros de rango medio y bajo de las filas, cuando lo acordado estipula que solo los líderes o culpables de crímenes graves deben comparecer ante la JEP.
Ante la posibilidad de que algunos excombatientes decidan retomar las armas, Lozada advirtió que si la JEP continúa en su curso actual, es probable que se busque inicialmente la intervención de tribunales internacionales de Derecho Internacional Humanitario para hacer cumplir lo acordado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, contando con el respaldo de las Naciones Unidas y de quienes contribuyeron a la firma del acuerdo.
En respuesta, el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, señaló que los firmantes del acuerdo de paz como los integrantes de las FARC, que desobedezcan las decisiones judiciales podrían perder los beneficios concedidos.
El magistrado subrayó que no corresponde a los firmantes del acuerdo de paz determinar cómo la JEP debe cumplir su mandato constitucional.
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