La CIJ, el máximo tribunal de la ONU, insistió a Israel, en garantizar el acceso sin obstáculos a Gaza para cualquier comisión de investigación y ha ordenado mantener abierto el cruce de Rafah para el ingreso de ayuda humanitaria.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, emitió este viernes 24 de mayo, un fallo que ordena a Israel detener su ofensiva militar en Rafah, situada en el sur de Gaza. Este fallo, que llega después de más de siete meses de bombardeos en el territorio palestino, seguramente intensificará la presión internacional sobre Israel.

En su decisión, la CIJ emitió una nueva orden de medidas cautelares en protección de los derechos de los palestinos, amparados como grupo bajo la Convención sobre el Genocidio. El tribunal dictaminó que Israel debe cesar de inmediato sus operaciones militares y cualquier otra acción en Rafah. Además, advirtió que la situación actual derivada de estas operaciones representa un «mayor riesgo de causar un daño irreparable» a los palestinos.

El tribunal también exigió a Israel «asegurar el acceso sin impedimentos» a Gaza para cualquier comisión de investigación, misión de determinación de hechos u otros organismos investigativos bajo órdenes de los órganos competentes de la ONU, con el propósito de investigar las denuncias de genocidio contra el Ejército y el Gobierno israelíes. Además, se ordenó al Gobierno israelí mantener abierto el cruce de Rafah para la provisión sin obstáculos de servicios básicos y asistencia humanitaria urgentemente necesarios entre la población palestina en Gaza.

Otra medida cautelar incluye la «liberación inmediata e incondicional» de los rehenes en manos de Hamás retenidos en Gaza. La CIJ expresó su profunda inquietud por el hecho de que algunos rehenes sigan cautivos y reiteró su llamado a favor de su liberación inmediata e incondicional.

Todas estas medidas cautelares fueron aprobadas por un panel de 15 jueces con 13 votos a favor y dos en contra. La oposición provino del juez israelí Aharon Barak, nombrado ‘ad hoc’ por Israel para tener representación ante la CIJ, y de la jueza Julia Sebutinde de Uganda, quien ya ha votado en contra de otras decisiones en el contexto de la situación en Gaza.

Israel ahora tiene un mes para presentar un informe con todas las medidas implementadas para cumplir con las órdenes de la CIJ. Además, el tribunal recordó a Israel que también debe poner en marcha las medidas cautelares anunciadas en enero y marzo, que incluyen evitar que su Ejército cometa actos de genocidio contra los palestinos de Gaza y dejar de impedir el acceso de ayuda humanitaria al enclave palestino.

El tribunal accedió a anunciar nuevas medidas cautelares al considerar que la situación actual derivada de la operación militar en Rafah implica «un mayor riesgo» de causar un «daño irreparable» a los derechos de los palestinos como grupo protegido por la Convención sobre el Genocidio. Determinó que esto subraya una «urgencia» y «un riesgo real e inminente» que obliga a la CIJ a intervenir.

Las decisiones de la CIJ son jurídicamente vinculantes, pero el organismo no dispone de medios para implementarlas. Sin embargo, el fallo representa un fuerte pronunciamiento contra las acciones de Israel en Gaza.

En respuesta a la decisión, Hamás elogió el fallo de la CIJ pero argumentó que Israel debería cesar la ofensiva en toda Gaza y no solo en Rafah. Mientras tanto, Israel continuó bombardeando Gaza este viernes. Durante la noche, cazas israelíes sobrevolaron el territorio palestino y se oyeron disparos en el norte del enclave. Equipos de prensa de la AFP también reportaron que buques de guerra israelíes golpearon la costa.

La guerra entre Israel y Hamás comenzó con un ataque del movimiento islamista el 7 de octubre, en el que murieron más de 1.170 personas, en su mayoría civiles. Los milicianos de Hamás también secuestraron a 252 personas, de las cuales 124 siguen en Gaza. El ejército israelí sospecha que 37 de los secuestrados están muertos.

La ofensiva lanzada por Israel en represalia ha dejado al menos 35.800 muertos, principalmente mujeres y niños. Se estima que unos 10.000 cadáveres de desaparecidos continúan enterrados bajo los escombros. Las tropas israelíes avanzaron este viernes más al interior de Rafah, en el extremo sur de Gaza, y mataron a varios supuestos milicianos de Hamás en combates cuerpo a cuerpo, mientras el Ejército mantiene los ataques aéreos sobre casi todo el enclave.

La operación militar de Israel en Rafah, iniciada el 6 de mayo, ha sido muy criticada ya que en la localidad se refugiaban más de 1,4 millones de desplazados, quienes fueron ordenados evacuar de nuevo sin un lugar seguro al que ir. Según Médicos Sin Fronteras (MSF), más de 800.000 gazatíes han llegado ya a las playas de Al Mawasi, donde el Ejército recomendó huir a los civiles poco antes del comienzo de la ofensiva, a pesar de que esta zona costera, identificada como «zona segura» por las fuerzas armadas, enfrenta grandes desafíos logísticos y de seguridad.

Los orígenes de este caso se remontan al 29 de diciembre pasado, cuando Sudáfrica inició un procedimiento contra Israel por violar la Convención sobre el Genocidio con su guerra en Gaza. Sudáfrica presentó el caso argumentando que la operación militar constituye «un genocidio» y solicitando al tribunal que ordene a Israel frenar inmediatamente todas sus operaciones militares y facilitar el acceso de ayuda humanitaria al territorio palestino.

Esta es la cuarta vez que Sudáfrica solicita a la CIJ emitir medidas cautelares adicionales para evitar un genocidio en Gaza, y la tercera ocasión en que el tribunal emite esas medidas instando a Israel a respetar la Convención y a tomar pasos para evitar el exterminio de los palestinos de Gaza.

Durante todo el proceso, Israel instó a la Corte a rechazar la petición sudafricana con el argumento de que un alto el fuego permitiría el reagrupamiento de los combatientes de Hamás y haría imposible la liberación de los rehenes tomados por el grupo islamista en su ataque del 7 de octubre.

El fallo de este viernes, leído por el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, en el Palacio de la Paz de La Haya, llega además en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre Israel, con la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para emitir órdenes de detención contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza desde al menos el 8 de octubre.

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