Durante el período comprendido entre 2020 y 2021, la Contraloría realizó un análisis del uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por parte de las EPS, identificando que desviaron cerca de 9 billones de pesos hacia áreas no relacionadas con la atención médica.
En una reunión de alto nivel programada para este lunes 8 de abril, el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, se reunirá con la procuradora Margarita Cabello, la fiscal Luz Adriana Camargo y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. El objetivo de esta reunión es socializar el informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República a los estados financieros de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Colombia.
Antes de hacer públicos los resultados del informe, el contralor Zuluaga decidió compartirlo con los entes de control debido a la gravedad de los hallazgos. El informe revela que durante las vigencias 2020 y 2021, 18 de las 26 EPS en Colombia habrían desviado un total de 9 billones de pesos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) hacia gastos que no estaban relacionados con la atención en salud de los colombianos.
La UPC es el monto que el Gobierno paga anualmente a las EPS por cada paciente afiliado al sistema de salud a través del régimen contributivo. En promedio, se asignan entre 80 y 90 billones de pesos anuales a las EPS para la atención de los ciudadanos. Esto significa que durante la pandemia se habría malgastado alrededor del 10% de estos recursos.
Según la auditoría de la Contraloría, se encontraron diversos gastos presuntamente irregulares en las EPS, como anticipos a clínicas y hospitales de su propiedad, pagos millonarios a IPS por servicios no prestados, gastos en honorarios personales, multas, sanciones, compra de inmuebles, infraestructura y otros rubros no relacionados con la atención médica.
Estas irregularidades fueron contrastadas con los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Superintendencia Nacional de Salud. Se advierte que si las EPS intentan negar la información, tendrán que corregir los datos proporcionados a estas entidades.
La fiscalización, que normalmente dura entre dos y tres meses, en este caso se extendió a seis meses debido a la complejidad de las investigaciones. este lunes, el informe será conocido por los otros organismos de control para que inicien sus actuaciones correspondientes.
Se plantea la posibilidad de que se haya cometido el delito de peculado por apropiación de dineros públicos, dado el monto del presunto desvío y la cantidad de EPS involucradas. Fuentes cercanas califican este caso como el más aberrante y escandaloso en la historia de la salud en Colombia.
EPS Compensar: Ministro de Salud busca alternativas para evitar su liquidación
