Bajo una solicitud de liberación urgente, la Defensoría del Pueblo ha compartido de manera oficial la lista de los 91 secuestrados en el país, destacando la gravedad de la situación y la necesidad inmediata de proteger sus vidas y derechos.
La Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado detallado, haciendo público el listado de 91 personas actualmente secuestradas en el país. Esta alarmante revelación se basa en registros internos de la entidad y denuncias de autoridades locales y familiares de las víctimas.
El comunicado, que incluye nombres completos, municipios y departamentos de procedencia, así como las fechas de los secuestros, arroja luz sobre una situación crítica. La Defensoría advierte que todos los secuestros estarían a cargo de las guerrillas del ELN o de las disidencias de las FARC, instando a ambos grupos armados a especificar qué personas tienen bajo su custodia y liberarlas de inmediato.
En sus declaraciones, la entidad expresó profunda preocupación por el aumento del secuestro en áreas de influencia de estos grupos armados en el último año. Señalaron que el secuestro, una práctica atroz y represiva, vulnera el Derecho Internacional Humanitario y los derechos fundamentales a la integridad y la libertad.
El listado revela nombres como el de Evangelistas Bohórquez Contreras, secuestrado desde el 19 de mayo de 2020, proporcionando detalles precisos sobre cada caso. Además de la divulgación de los nombres, la Defensoría condenó enérgicamente el secuestro perpetrado por grupos que buscan la paz y llamó al Gobierno a establecer límites claros frente a este delito.
La entidad destacó que esta práctica contradice la búsqueda de la paz, ya que tanto el ELN como las disidencias de las FARC han participado en diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Arauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Chocó y Cauca son los departamentos con mayor incidencia de secuestros, seguidos por La Guajira, Nariño y Meta.
El defensor nacional, Carlos Camargo, hizo un llamado urgente a las mesas de negociación para abordar la identificación y liberación inmediata de las personas en poder de estos grupos armados. La situación refuerza la necesidad de medidas concretas para proteger los derechos fundamentales y buscar soluciones efectivas a esta problemática.
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