La Fiscalía acusa a los empresarios, de haber adquirido presuntamente hidrocarburos robados a Ecopetrol por parte del ELN.
El actual escándalo conocido como «Bunkering Imperio«, es una esta compleja red de robo de petróleo ha captado la atención, incluso del presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta de Twitter ha instado a las autoridades a investigar a fondo los responsables detrás del desfalco, que se estima habría costado a Ecopetrol más de US$80 millones de dólares. Durante un año, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía han estado tras la pista de los implicados, y en dos meses, diez de los empresarios enfrentarán un juicio formalmente.
Estos empresarios, apodados «los cacaos» del mundo del petróleo, están acusados de participar en el contrabando de hidrocarburos y sus derivados. La red criminal operaba con el apoyo del ELN; contrabandistas sustraían miles de barriles del oleoducto Caño Limón Coveñas, los cuales luego eran transportados en buques en alta mar para darles una apariencia de legalidad y venderlos nuevamente al Estado colombiano. Posteriormente, el crudo regresaba a al país, pasando por empresas controladas por estos empresarios de renombre, quienes habrían engañado a las autoridades, actuando como intermediarios para restaurar la apariencia de legalidad de los barriles.
Hernando Silva Bickenbach, vinculado a esta red criminal, es señalado por evidencias que indican que, a través de su empresa Niman Commerce S.A.S., comercializó en Colombia petróleo saqueado del oleoducto Caño Limón-Coveñas por contrabandistas vinculados al ELN. Según la Fiscalía, Silva Bickenbach tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita de ese crudo y habría llevado a cabo su compra y posterior reventa sin la autorización del Ministerio de Minas y Energía.
Roger Arturo Gale Gutiérrez se habría desempeñado como operador logístico de Gunvor Colombia, el empresario tenía la responsabilidad de facilitar el reintegro del crudo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas a Colombia e idear la estrategia para que el petróleo regresara a suelo colombiano clasificado como crudo residual en lugar de crudo liviano.
La representante legal de Swiss Terminal Barranquilla, Paola Margarita Martínez Sánchez, fue vinculada a la investigación debido a su supuesta concertación con Hernando Silva Bickenbach para fortalecer la empresa criminal conocida como «Bunkering Imperio».
Los siguientes empresarios enfrentarán juicio por los delitos de contrabando de hidrocarburos y falsedad en documento público en contra de Ecopetrol: Hiklirs Abraham Rincones Joiro, Óscar Luis Pastrana Martínez, Sergio Fortich Pérez, Jaime Fernández Uribe, Jairo Hernán Devia Cubillos, José Gabriel Márquez Santos y Margarita Delgado De García.
La investigación realizada por la Dijín, ha revelado un robo cercano a los US$80 millones en petróleo.
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a las autoridades para investigar un millonario robo de petróleo que podría involucrar a funcionarios de la empresa nacional Ecopetrol. Según el Jefe de Estado, se estima que fueron robados cerca de 80 millones de dólares.
Según la investigación transnacional realizada por Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional -DIJIN-, el petróleo era extraído ilegalmente con la ayuda de grupos armados directamente desde el oleoducto Caño Limón-Coveñas de Ecopetrol. Por esto, se decomisaron 154 bienes muebles e inmuebles.
El mandatario describió este hecho como uno de los mayores robos al estado colombiano. «Esta investigación de la Dijin muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran «gente de bien» de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol«, trinó Petro.
Un artículo publicado por El Tiempo hace referencia a varias interceptaciones telefónicas que tendrían en líos a empresarios colombianos. De acuerdo al medio de comunicación, la Fiscalía 42 especializada ordenó incautar cerca de «1,3 billones de pesos representados en barcos, un lujoso edificio en Cartagena, carros de lujo, megalotes, casas de veraneo y un centenar más de propiedades en al menos cinco departamentos del país«.
Luego de esas interceptaciones telefónicas, además de fotografías satelitales y otros elementos de prueba, se logró la incautación de bienes de al menos 17 empresarios colombianos. Las compañías de estas personas están siendo investigadas a nivel transnacional, con dos procesos en Colombia: uno de índole criminal y otro de extinción de dominio, notificado el 18 de mayo pasado.
