Sin embargo, la propuesta que le daría facultades al jefe de Estado de conceder perdón político para corruptos, está sin ambiente en el Congreso.
En medio de un ambiente político y judicial agitado, cerca de 13 organizaciones sociales junto a Luis Fernando Rosas, vinculado al canciller suspendido Álvaro Leyva, han impulsado un proyecto de acto legislativo de iniciativa ciudadana. Este proyecto busca otorgar al presidente Gustavo Petro ciertas facultades especiales en el contexto del desarrollo de lo que han denominado la ‘paz total’.
La propuesta ha generado controversia desde su anuncio debido a su artículo inicial, que plantea la posibilidad de que el presidente tenga la facultad de otorgar “perdón (caducidad-extinción de la acción penal)” como parte de un esfuerzo por avanzar hacia la ‘paz total’. Esta facultad se asemeja a la figura de amnistía existente en Estados Unidos, donde el mandatario tiene la capacidad de conceder este tipo de beneficios.
Según lo establecido en el proyecto, el perdón concedido resultaría en la anulación de condenas y sanciones judiciales, el archivo de investigaciones en curso y el restablecimiento de los derechos políticos para aquellos afectados por las decisiones judiciales. Sin embargo, es importante destacar que esta propuesta excluye explícitamente los delitos de lesa humanidad.
Otro aspecto relevante de la iniciativa es la creación de un equipo encargado de revisar los casos en los que se detecten errores judiciales o presunta instrumentalización política. Además, se contempla la posibilidad de que el presidente solicite a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la creación de un macrocaso para enjuiciar situaciones que involucren condenas basadas en “decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas”.
Ambicioso proyecto de Acto Legislativo de Petro y sus Ministros para tener superpoderes para darle “perdón judicial” a todos los actores condenados o investigados en el marco del conflicto armado.
El poder lo tendrá para dar amnistías e indultos por dos años. pic.twitter.com/N9eXmNxWWv
— DMar Córdoba (@dmarcordoba) April 9, 2024
La propuesta también aborda el tema de la corrupción al proponer la extensión del perdón judicial a los condenados por este tipo de delitos, siempre y cuando devuelvan los recursos obtenidos de forma ilícita. Esta parte del proyecto tiene como objetivo levantar las inhabilidades que actualmente enfrentan los funcionarios condenados por corrupción.
A pesar de las justificaciones esgrimidas por los autores del proyecto, quienes argumentan la existencia de una justicia politizada que obstaculiza la reconciliación nacional, la propuesta ha recibido críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores. Algunos analistas y políticos han expresado preocupaciones sobre el impacto que esta iniciativa podría tener en la separación de poderes y en el marco legal vigente.
Encuentro entre Petro y Maduro en Caracas: Colombia como observador electoral
