Astrid Cáceres, directora del ICBF, ha confirmado que presentó una denuncia ante las autoridades pertinentes y aseguró que se han identificado 220 contratos irregulares.
Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha dado a conocer una preocupante situación que afecta a la entidad encargada del cuidado y desarrollo de la infancia en Colombia. En un comunicado emitido el domingo 3 de marzo, Cáceres expuso una serie de hallazgos que revelan irregularidades en la gestión de contratos y en la ejecución de proyectos destinados al bienestar de los niños y niñas del país.
Durante su intervención, Cáceres informó sobre el descubrimiento de 220 contratos en manos de 59 operadores con notables similitudes en su representación legal, domicilio, fecha y características de constitución. Estos hallazgos plantean serias dudas sobre la legitimidad y propósito de dichos contratos, evidenciando errores significativos en el objeto y alcance de los mismos. Además, se detectó una discrepancia entre el número de niños atendidos según los cupos otorgados y pagados, lo que sugiere posibles irregularidades en la ejecución de los programas y proyectos destinados a la infancia.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por la directora es la posible correlación entre ciertos operadores y un aumento en el número de muertes de niños y niñas por desnutrición. Cáceres ha expresado preocupación por una posible conexión entre algunas organizaciones contratistas y clanes políticos locales, lo que plantea inquietudes adicionales sobre la transparencia en el proceso de contratación del ICBF.
La directora del ICBF, @AstridElianaC, denuncia 220 contratos en manos de 59 operadores con irregularidades. #ICBFContraLaCorrupción
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— Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) March 4, 2024
Además, se han encontrado indicios de documentación falsificada en las carpetas de contratación del ICBF, diseñada para respaldar la experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia. Estos hallazgos han sido puestos a disposición de las autoridades pertinentes para que tomen las medidas necesarias.
Cabe recordar que, la Contraloría ha emitido una alerta sobre la situación de más de 780 mil niños y niñas menores de cinco años que llevan más de un mes sin recibir atención por parte del ICBF. Esta situación se atribuye a demoras en el proceso de contratación de la entidad para atender los Centros de Desarrollo Infantil, representando una grave amenaza para una de las poblaciones más vulnerables del país.
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