Las irregularidades ocasionaron sobrecostos por 5.000 millones de pesos y una apropiación ilícita de 2.500 millones.

Un juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento de casa por cárcel a cuatro procesados por un caso de corrupción en la contratación de obras del espacio público en Bogotá, entre ellos se encuentra un exfuncionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), un contratista y dos interventores.

La decisión se da luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas sobre las irregularidades en el manejo de dineros destinados para la adecuación de andenes y puentes en las localidades de San Cristóbal, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero.

«Cada modificación en los términos, al parecer, representó dinero para los implicados y no garantizó la terminación de los trabajos», resaltó la investigación del ente acusador.

Los cuatro implicados son: Germán Corredor Aguilera, funcionario que se desempeñó como asesor en calidad de la Subdirección de Infraestructura del IDU; Marcos Mafioly Cantillo, director de interventoría; Julio César Montaño Forero, coordinador de interventoría y Tomás Pachón Sánchez, contratista de obra.