De acuerdo con la Fiscalía, Iván Zuluaga y su hijo habrían engañado al Consejo Nacional Electoral en relación a los informes de gastos de campaña.
La Fiscalía se opuso ante la juez segunda penal especializada de Bogotá a la solicitud de Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga para que se declare la nulidad del proceso en su contra por el caso Odebrecht, argumentando que esto forma parte de una estrategia dilatoria de la defensa presidencial.
El fiscal delegado Juan Martín Parada afirmó que la Fiscalía fue clara en su argumentación y presentación de pruebas para sustentar la imputación contra Iván Zuluaga Escobar por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, y contra David Zuluaga Martínez por el delito de fraude procesal.
Según los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía en 2014, el entonces candidato presidencial supuestamente se reunió varias veces en su apartamento del norte de Bogotá con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli.
Además, «la Fiscalía determinó que el candidato y su gerente de campaña, David Zuluaga, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht en las declaraciones rendidas ante el CNE, lo que llevó a error a la autoridad electoral, que cerró una investigación sobre el asunto».
El abogado de Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Espinosa, argumentó que desde la imputación realizada por la Fiscalía se vulneraron las garantías fundamentales en torno a estos hechos, y que esto fue aceptado por el juzgado de control de garantías.
Según el abogado Espinosa, la Fiscalía no logró justificar de manera adecuada y conforme a la ley las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la imputación contra sus representados. Además, argumentó que el juez de control de garantías no puede limitarse a ser un mero espectador y simplemente validar una imputación de cargos como un notario.
La Corte Suprema de Justicia ya ha rechazado una acción de tutela presentada por la defensa de Zuluaga, en la que alegaban una supuesta violación del debido proceso. Esta decisión confirma que la juez segunda penal especializada de Bogotá es competente para llevar a cabo el juicio contra el ex candidato presidencial y su hijo.
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