Tras un año y medio, la JEP oficializa la investigación de crímenes de violencia sexual y de género en el conflicto armado, basándose en datos clave.
La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- anunció la apertura del macrocaso 11 en la mañana del 27 de septiembre. Este caso se centrará en investigar la violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual y reproductiva, así como los crímenes motivados por prejuicio. La apertura de este macrocaso era una demanda insistente de las víctimas del conflicto. La Sala de Reconocimiento registra 35.178 víctimas de esos crímenes por parte de todos los actores armados, entre 1957 y 2016.
Según se informó, en el macrocaso 11 La Sala de Reconocimiento del organismo ha definido tres subcasos:
- Violencia basada en género contra civiles cometidas por miembros de las extintas FARC
- Violencia basada en género contra civiles cometidos por miembros de la fuerza pública y
- Violencia de género y por prejuicio al interior de la fuerza pública y las FARC.
#Atención La JEP abre #Caso11 que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.
Sigue la transmisión #EnVivo de la rueda de prensa que anuncia esta decisión 👇https://t.co/ojstMeOpGh
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 27, 2023
Para esta apertura del macrocaso 11, la magistrada Lily Rueda tuvo en cuenta las diversas observaciones de las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y personas pertenecientes a la población LBGTIQ+, así como las recomendaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación.
En cifras sobre violencia sexual, El 89,2% corresponde a mujeres, y el 35% de ellas experimentaron la violencia durante su infancia o adolescencia. Además, el análisis reveló que la mayoría de los incidentes fueron perpetrados por paramilitares, representando un 33%; seguidos por las desaparecidas Farc, con un 5,82%, y agentes del Estado con un 3,14%. «En el 30% de los registros, la Sala no pudo identificar al presunto actor armado responsable«, enfatizó la magistrada Rueda.
Respecto a las investigaciones en la justicia ordinaria, la Fiscalía General de la Nación informó a la JEP que la mayoría de los casos fueron archivados o cerrados por preclusión, mientras que otros recibieron resoluciones inhibitorias.
Finalmente, la Sala instó a las organizaciones de la sociedad civil a que amplíen sus informes y continúen apoyando a las víctimas, tal como lo han venido haciendo en el marco de este nuevo proceso judicial que la JEP ha iniciado.
