La organización presentó los resultados del informe Exporting Corruption 2022, en el que se concluyó que Colombia tiene un nivel limitado de implementación de medidas para combatir el soborno transnacional
Transparencia por Colombia, organización que realiza recomendaciones para la lucha anticorrupción, presentó esta semana los resultados de un informe que evaluó las dinámicas y esfuerzos que adelantaron 47 países entre 2018 y 2022 para combatir el soborno transnacional. Se trata del informe Exporting Corruption 2022, en el que Transparencia Internacional reveló que el cumplimiento de medidas contra ese flagelo cayó a su nivel más bajo desde que se empezó a hacer esta evaluación, en 2009.
De acuerdo con el reporte, en la mayoría de países revisados hay insuficiencia de medidas para combatir el soborno transnacional, como un marco legal débil y falencias en la protección a los denunciantes. Para el caso particular de Colombia, se concluyó que está entre los países con un nivel limitado de implementación de esfuerzos anticorrupción. Es decir, que además de tener debilidades legales, también tiene demoras en el procesamiento de los presuntos casos de soborno en el extranjero y en general hay muy pocas investigaciones: entre 2018 y 2022, en el país apenas se abrieron tres investigaciones por estos casos.
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La categoría de “implementación limitada” fue la misma que obtuvo el país en 2020. En ese rango, además de Colombia, hay otros se encuentran otros 17 países que firmaron la Convención Anticohecho de la OCDE, entre los que están Brasil, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Italia y España. En esta medición, solo Estados Unidos y Suiza recibieron la calificación de países con nivel de “implementación activa” de medidas para combatir el soborno transnacional.
Sobre las debilidades en la legislación, el reporte halló que esto ha derivado en que los denunciantes no tengan garantías y en la falta de acceso público al registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Otras dificultades que se detectaron fueron la falta de canales para denunciar y tener conocimiento sobre los casos; falta de legislación sobre la responsabilidad penal de las empresas; discrecionalidad del fiscal para usar el principio de oportunidad en cualquier investigación y el riesgo de politización en la elección del fiscal.
De manera puntual, sobre la falta de legislación, el informe evidenció que a pesar de que en los últimos cuatro años se radicaron dos proyectos de ley que velan por la protección de denunciantes, se hundieron en el Congreso, y para mayor preocupación hay un vacío legal en el Conpes 4070, en el que se establecieron recomendaciones para la protección de denunciantes.
Y aunque como único avance se destacó la promulgación de la Ley 2195 de 2022, que fortalece el marco legal para combatir el soborno transnacional y establece sanciones para delitos de falsedad contable, se halló otro vacío legal que fue el fondo para reparar a “los afectados por actos de corrupción”, que de acuerdo con el informe todavía es muy confuso en cuanto a la interpretación sobre los “afectados por actos de corrupción”.
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En ese sentido, Transparencia Internacional realizó siete recomendaciones al país para avanzar en este tema: mejorar la disponibilidad de datos sobre soborno transnacional y de cooperación internacional; promulgar leyes para proteger a denunciantes; seguir capacitando a fiscales y jueces en casos complejos; asegurar la implementación de las regulaciones nuevas de la ley 2195 de 2022; mejorar la colaboración entre autoridades; brindar mayor claridad sobre los criterios que usa la Fiscalía para aplicar el principio de oportunidad, y hacer un seguimiento caso por caso, y seguir promoviendo la concientización en el sector privado.
