La Fiscalía General de la Nación acusó al dragoneante del INPEC, Marco Javier Morantes Pico, como presunto responsable de secuestro simple agravado
Por su presunta participación en los hechos de violencia contra la periodista Jineth Bedoya Lima, ocurridos el 25 de mayo del 2000, Marco Javier Morantes Pico, fue investigado.
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En la investigación del ente acusador se constató que Bedoya llegó a la cárcel ‘La Modelo’ de Bogotá para hacer una entrevista a Mario Jaimes Mejía, más conocido como alias “Panadero”, un exparamilitar.
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Y en la puerta del centro penitenciario fue atendida por el dragoneante del inpec (Morantes), quien estaba encargado del filtro de acceso y, supuestamente, la mantuvo en espera durante casi media hora.
Aunque el dragoneante le aseguró a la periodista que su ingreso estaba autorizado y que debía esperar la boleta de entrada, según la investigación, esa boleta no existía y la demora estaría pensada para que la víctima quedara sola.
Momento en el cual fue abordada por un hombre armado que la llevó en un carro a una bodega abandonada, en donde Bedoya Lima fue retenida, torturada y abusada sexualmente, múltiples veces.
Luego de la tortura a la cual fue sometida, un grupo de personas trasladó a la periodista a Villavicencio (Meta), donde fue cruelmente abandonada en vía pública.
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Por todo lo mencionado anteriormente, una fiscal de la ‘Dirección Especializada’ contra las ‘Violaciones a los Derechos Humanos’ estableció que el secuestro fue planeado por exintegrantes de las AUC y narcotraficantes que estaban privados de la libertad, con el apoyo de funcionarios de la fuerza pública y del Inpec.
Esas personas actuaron por las publicaciones que hacía la periodista denunciando hechos criminales, que se cometieron en el país.
Como tráfico de armas, enfrentamientos a sangre y fuego entre patios de guerrillas y de paramilitares, que ocurrían dentro del establecimiento carcelario.
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En la resolución de acusación contra el ex-integrante del inpec, se confirma la medida no privativa de la libertad en su contra y se oficia a ‘Migración Colombia’ y a otras autoridades para garantizar que no salga del país y comparezca a los requerimientos judiciales.
