Durante el Gobierno Duque, no se avanzó en la formulación de la política pública, a pesar de su importancia en el acuerdo de Paz. Los planes piloto por parte del presidente Petro iniciarán en las tres zonas más afectadas por el conflicto armado.

Después de casi siete años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas FARC en 2016, período en el que la falta de avances en su formulación generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional, el presidente Gustavo Petro ha impulsado una audaz política pública para desmantelar organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo en Colombia. Esta estrategia promete abordar uno de los problemas más críticos del país.

Tras la aprobación de la mencionada política, el gobierno de Gustavo Petro ha elegido el Magdalena Medio, el Caguán y el norte del Cauca como puntos de partida para los planes piloto destinados a desmantelar organizaciones criminales y herederas del paramilitarismo. Durante décadas, estas áreas han sido testigos de violencia y desplazamiento, y la implementación de estrategias efectivas es esencial para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y restaurar la paz.

Según el documento, las acciones destinadas a desmantelar organizaciones criminales o actividades delictivas y sus redes de apoyo deben abordarse de manera integral. El enfoque del Ejecutivo no se limitará únicamente al ámbito judicial y militar, sino que buscará eliminar todas las condiciones que han generado o estructurado el fenómeno criminal representado por los actores delictivos. Esto implica considerar factores de índole económica, social, normativa, cultural y política.

«El principal cambio en materia de seguridad y garantías que contiene esta política pública tiene que ver con orientar las acciones del Estado para atacar el fenómeno criminal por causas y no tanto por sus efectos. Eso quiere decir que más allá de atacar organizaciones, estructuras y conductas criminales lo que vamos a atacar es el fenómeno criminal que reproduce la violencia en los territorios. Vamos a implementar acciones orientadas a la protección pero también al empoderamiento de las comunidades a través de la consolidación de nuevas economías en el territorio que no estén vinculadas a la ilegalidad o al crimen organizado«, explicó en entrevista con Colombia+20 Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

La política, detallada en un extenso documento de 129 páginas, establece cuatro componentes fundamentales para desarticular conductas y organizaciones criminales: desmantelamiento, contribución a la transformación del Estado, acción integral del Estado, y monitoreo y evaluación. A través de estos componentes, se busca evitar la repetición de graves violaciones a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario dirigidas contra personas y comunidades bajo protección, como las organizaciones sociales, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos y signatarios del acuerdo de paz.

La aprobación de esta política se llevó a cabo a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), una instancia creada en 2017 después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y que ha sido revivida por el presidente Petro. La secretaría técnica de la CNGS se encargará de supervisar la implementación de esta política en los próximos años.