Varios de los líderes políticos elegidos las pasadas elecciones enfrentan investigaciones. A pesar de estas pesquisas, se harán cargo de las principales gobernaciones y alcaldías del país.

El 1 de enero de 2024 marca la toma de posesión de alcaldes, gobernadores, asambleístas y concejales en toda Colombia. Sin embargo, tras las elecciones del pasado 29 de octubre de 2023, al menos 30 candidatos ganadores enfrentan investigaciones que podrían afectar su permanencia en los cargos.

De acuerdo con el informe más reciente de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la mayoría de estos políticos y funcionarios aún están bajo investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales, incluyendo casos de corrupción, parapolítica y conexiones con grupos armados o economías ilícitas. A pesar de estas investigaciones, muchos de ellos asumieron sus roles de elección popular mientras esperan el esclarecimiento de sus casos.

Entre los investigados se encuentran líderes políticos locales y regionales de áreas clave del país, incluyendo Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, con cuentas pendientes ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades durante sus mandatos anteriores.

Antioquia

Andrés Julián Rendón, como nuevo gobernador del departamento, enfrenta cuestionamientos judiciales por presunto detrimento patrimonial en la construcción de Centros de Atención Inmediata (CAI) de Policía durante su mandato como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. La Corte Suprema de Justicia determinará el futuro de Rendón.

Federico Gutiérrez, ingeniero civil y exalcalde de Medellín, está bajo investigación por presunto proselitismo y conexiones con grupos ilegales. el político paisa también ha sido cuestionado por su defensa a Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad durante su alcaldía, quien fue capturado en 2017 por delitos de concierto para delinquir y nexos con el crimen organizado.

Atlántico

La figura de Alejandro Char, ingeniero civil y líder político del clan Char, que logró la Alcaldía de Barranquilla, enfrenta diversas investigaciones como la constructora del nuevo alcalde está bajo cuestionamiento por la edificación de conjuntos residenciales en zonas propensas a deslizamientos. Además, la Procuraduría indaga sobre presuntas coimas relacionadas con un millonario contrato para la construcción de un hidrotanque.

Adicionalmente, una nueva investigación vincula al banco Serfinanza, propiedad del clan Char, con el Cártel de Sinaloa, según un medio de comunicación mexicano. La Agregaduría Militar de la Embajada de México sugiere la posible implicación del banco en la movilización de ingresos derivados de actividades criminales, señalando a los hermanos Alejandro y Arturo Char como nombres clave en esta supuesta red.

Valle del Cauca

Dilian Francisca Toro, quien repite como nueva gobernadora del departamento, ha sido objeto de diversas denuncias e investigaciones a lo largo de su carrera. Aunque una investigación en 2008 por presunta relación con grupos paramilitares durante las elecciones fue archivada en 2018, nuevos señalamientos la mantienen en el ojo del huracán.

En 2012, Toro enfrentó cargos por presunto lavado de activos relacionado con el líder del cártel del Valle, Víctor Patiño Fómeque. A pesar de renunciar en 2013, nuevas denuncias la colocan nuevamente bajo escrutinio, con 16 procesos de carácter privado y un proceso abierto en la Corte Suprema.

Cundinamarca

Jorge Emilio Rey, administrador público, ha ganado nuevamente la Gobernación de Cundinamarca, pero enfrenta cuestionamientos por irregularidades y corrupción durante su mandato anterior. Su carrera como político, con roles en Funza y alcaldía del mismo municipio, ha estado marcada por algunas acciones, especialmente durante su periodo como gobernador entre 2016 y 2019. Se le acusa de liderar un presunto cartel de «volteo de tierras». Aunque las investigaciones estuvieron estancadas, en 2023 se desbloquearon, resultando en condenas para empresarios y exfuncionarios vinculados a Rey. Estas revelaciones lo han situado como líder de un presunto «clan Rey» y lo vinculan a investigaciones por corrupción.

Al menos otros 25 políticos funcionarios enfrentan investigaciones similares, todos asumiendo sus cargos el 1 de enero de 2024 sin restricciones hasta que se resuelvan sus situaciones legales, según informó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

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