La Procuraduría General de la Nación exhortó al Gobierno de Iván Duque, a través de una carta de siete páginas, a garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc que están en proceso de reincorporación a la sociedad y a la vida política.

“Es necesario que el Estado garantice la implementación articulada de medidas de prevención y protección que permitan mitigar riesgos y vulnerabilidades contra la población en proceso de reincorporación, a través del desarrollo de acciones enfocadas a contrarrestar las organizaciones criminales responsables de atentar en su contra”, dice el texto.

Líderes sociales

Asimismo, el procurador Fernando Carrillo, quien firma la misiva, se refirió la mañana de este martes a la muerte de líderes sociales, situación que ha dejado en luto a gran parte de la nación. «Nos empeñamos en la defensa de la vida de Líderes Sociales. Con las Mesas por la Vida, con Lidera la Vida, con resoluciones y directivas, hacemos eco a las voces de los líderes. Esta tragedia es la peor amenaza a la consolidación de la paz y el fortalecimiento de la democracia», apuntó.

«Nuestro principal compromiso es acortar distancias entre la autoridad pública y la ciudadanía. Buena parte de la crisis de la democracia y de la autoridad pública tiene que ver con esas distancias que se han creado con los ciudadanos», agregó.

Y señaló de forma airada que «la Procuraduría es una institución que no le pertenece a ningún partido político, nuestro único objetivo es la defensa de los derechos y la protección de la ciudadanía. Muchas veces lo he dicho: El que quiera hacer política, que se vaya de esta entidad».

ExFarc

Volviendo a la carta, esta refiere que la delegada para el Ministerio Público de Asuntos Penales puede constituir agencias especiales en las que, bajo medidas objetivas, se determine que los asesinatos a excombatientes han causado un impacto en la colectividad.

Teniendo en cuenta que no se desconoce la importancia de mitigar el riesgo, el procurador instó a los servidores públicos para que, en el marco de sus funciones, garanticen las actividades que debe desarrollar los excombatientes. “En consecuencia, los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que estigmaticen o inciten al hostigamiento a los exmiembros de las Farc”.

Del mismo modo, instó a los procuradores delegados a intervenir en actuaciones como amenazas, tentativas de homicidio, desapariciones y homicidios contra la población excombatiente.

En el marco de la misiva, Carrillo solicitó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior que, cuando emitan informes o alertas tempranas, incluyan amenazas o vulneraciones de derechos humanos y remitan copia a la Procuraduría.

En razón a la protección, el Ministerio Público también recomendó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) agilizar los tiempos de evaluación de riesgo, dado que esto se verá reflejado en una respuesta inmediata de protección que se adopte en la población. “Revisar y ser pertinente, fortalecer los esquemas de protección colectivos actualmente designados para garantizar medidas idóneas, oportunas y efectivas”.

Con información de El Colombiano