El presidente Gustavo Petro envió un extenso oficio a la Procuraduría, destacando que la orden de suspender al alcalde José Ramiro Bermúdez, desconoce la Convención Interamericana.
El mandatario del país Gustavo Petro envió una carta de 24 páginas a la procuradora general, Margarita Cabello, rechazando la petición de destitución contra el alcalde de Riohacha, José Emilio Bermúdez. La Procuraduría había solicitado la suspensión del alcalde por un periodo de tres meses debido a presuntas irregularidades contractuales en la planeación del acueducto de esa ciudad.
En el documento, el presidente afirmó que la orden de la autoridad administrativa disciplinaria, basada en una medida cautelar, representa una restricción evidente al ejercicio pleno y efectivo de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente. Esta restricción se refiere al artículo 23 No 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ADH-, específicamente al derecho de quedar temporalmente impedido para ejercer su cargo.
En la carta, el jefe de estado advierte que, «la medida cautelar restrictiva del derecho político que se le impone a un electo popularmente proviene de una autoridad administrativa disciplinaria, perteneciente a la estructura administrativa y funcional de la Procuraduría General de la Nación, dentro de un proceso administrativo disciplinario de naturaleza sancionatoria, lo cual entra en contradicción material con el estándar convencional fijado por la Corte IDH respecto de las funciones sancionatorias de este ente de control frente a los electos popularmente«.
Según la procuradora Cabello, el presidente Petro interpreta erróneamente las normas y afirma que la Corte Constitucional respaldó a la Procuraduría como el organismo encargado de sancionar a funcionarios de elección popular. «Esa decisión fue ratificada por una sentencia de la Corte Constitucional«, declaró la procuradora, añadiendo que todas las autoridades en Colombia, incluido el presidente, deben acatarla.
