El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un comunicado el 9 de mayo en el que realiza un seguimiento detallado a diversas propuestas legislativas, incluyendo el controvertido proyecto de reforma a la salud.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, esta reforma ha sido uno de los temas más discutidos y ampliamente debatidos. Uno de los principales puntos de discusión se centra en el costo fiscal que conllevaría la implementación de esta reforma.
A finales de febrero, el Ministerio de Hacienda estimó que el primer año de la reforma tendría un costo de aproximadamente 9 billones de pesos.
Sin embargo, el CARF señala que recientemente el Gobierno ha mencionado cifras que oscilan entre 4 y 7 billones de pesos de gasto fiscal adicional anual para la implementación de esta reforma.
Estas cifras han generado preocupación y debate en torno a la viabilidad financiera de la reforma, ya que implicarían una carga significativa para las finanzas públicas.
El CARF se mantiene atento al desarrollo de este proyecto y continúa evaluando los aspectos económicos y fiscales relacionados con la reforma a la salud.
Los factores que pueden elevar los costos son:.
El riesgo de que el costo de la atención primaria pueda exceder significativamente las estimaciones iniciales. Además, plantea problemas al no alinear adecuadamente los incentivos entre los proveedores de servicios de salud y los pagadores.
También se destaca la falta de capacidad en la gestión de recursos a nivel regional, así como la falta de preparación para gestionar los riesgos inherentes a la prestación de servicios de salud que recaerían en el Gobierno bajo el esquema propuesto.
La necesidad de una indemnización previa y completa para hacer frente a posibles demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.
Por otro lado, el esquema actual, con las EPS, la restricción presupuestal y la unidad de pago por capitación, entre otros, protege los excesos de gatos en la atención primaria, mientras que “un esquema de subsidios a la oferta podría resultar en excesos de gasto que recaerían directamente sobre las finanzas del Gobierno Nacional”.
“Se deben valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma en el Congreso, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto”, concluyó CARF.
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