La Jurisdicción Especial para la Paz concluye que la nuevas declaraciones de Salvatore Mancuso aportan información sobre su papel como enlace entre paramilitares y Fuerza Pública. El Exjefe de las AUC vincula al expresidente Álvaro Uribe sobre el conocimiento de la masacre del Aro.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado una decisión excepcional al aceptar el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública. Esta determinación implica un giro significativo en el proceso de justicia transicional, permitiendo que Mancuso sea juzgado por su papel crucial como enlace entre las Autodefensas y la Fuerza Pública durante el conflicto armado en Colombia.
#ATENCIÓN | La JEP aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004.
⭕ Es decir, la JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 17, 2023
La singularidad de esta resolución radica en la figura controvertida bajo la cual la JEP ha decidido recibir a Mancuso, tratándolo de manera análoga a un agente del Estado. Este enfoque le confiere a la JEP jurisdicción exclusiva sobre los procesos que actualmente están siendo llevados a cabo por la justicia ordinaria en contra de Mancuso, excluyendo deliberadamente los procedimientos que se desarrollan en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
A pesar de la posibilidad de que la JEP otorgue beneficios jurídicos a Mancuso como resultado de su sometimiento, se plantea una complejidad adicional en relación con su libertad. La Sala de Justicia y Paz, que previamente lo condenó a 40 años de prisión por diversos crímenes, podría emitir una orden de detención que prevalecería sobre cualquier decisión tomada por la JEP. Esta situación se ve agravada por la condena previa de Mancuso en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, que no abarca los casos ya resueltos por la jurisdicción de Justicia y Paz.
Masacre del Aro
En la audiencia reservada en la JEP, Mancuso afirmó que el expresidente Álvaro Uribe, durante su mandato como gobernador, tenía conocimiento de la operación que condujo a la masacre del Aro. Además, de manera pública, Mancuso ha tratado de involucrar a Francisco Santos e incluso al expresidente Andrés Pastrana en diferentes eventos.
Nunca conversé ni me reuní con el bandido Mancuso;
El parlamentario Miguel de la Espeiella me dijo
en la campaña que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser Presidente.Tantos paramilitares que han declarado y es Mancuso el único que…
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2023
Cabe recordar que, la JEP no tiene la autoridad para investigar a expresidentes, lo que significa que no puede iniciar un proceso basado en las acusaciones de Mancuso contra ellos. Esto no implica que las declaraciones de Mancuso en estos aspectos carezcan de consecuencias, ya que la JEP puede remitir copias de sus declaraciones a la Corte Suprema u otras instancias judiciales. No obstante, es evidente que en ciertos sectores de la Jurisdicción Especial para la Paz existe un interés en llevar a cabo procedimientos de esta índole.
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Las autoridades migratorias están a la espera, si el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, será enviado a Colombia, mientras su destino se mantiene en suspenso en una corte de Washington.
El juez a cargo del caso de Salvatore Mancuso en Washington ha decidido mantener el proceso en espera mientras avanza un procedimiento paralelo en las cortes migratorias del país. Esto significa que el exjefe de las AUC se encuentra en una posición donde sus argumentos legales para permanecer en Estados Unidos o ser deportado a Italia, no están saliendo con éxito.
«Luego de considerar el Reporte de Situación presentado por las partes, se ordena que el caso siga congelado. Se ordena además que las partes presenten otro Reporte de Situación antes del próximo 22 de febrero del 2024«, indicó el juez federal Richard León.
El documento fue firmado por el juez el pasado 22 de agosto, pero su divulgación se realizó en la madrugada de este miércoles 6 de septiembre. Las partes pidieron al juez que mantuviera suspendido su caso en Washington, ya que Mancuso continúa luchando ante las cortes migratorias para obtener asilo en EE. UU.
En el mismo informe, los abogados de Mancuso informaron al juez León que un magistrado migratorio le había denegado el asilo el 26 de mayo y que el caso se encuentra actualmente en apelación ante la Junta Migratoria, que emitirá pronto una decisión definitiva. Esta situación podría explicar en parte su interés en convertirse en un gestor de paz en el gobierno de Gustavo Petro, ya que su regreso a Colombia parece inevitable en este punto.
El caso quedó en pausa cuando Mancuso solicitó asilo, ya que el juez León no podía tomar una decisión final sin resolver la validez de su petición de asilo en EE. UU. Sin embargo, dado que esa opción parece cerrarse, es solo cuestión de tiempo antes de que el caso regrese a la corte de Washington, donde es probable que el exparamilitar pierda. Cuando el juez León levante la orden que impide su deportación, Mancuso será enviado de inmediato a Colombia.
En medio de la búsqueda de la Paz Total, el presidente Gustavo Petro consolida la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz al firmar la resolución.
Mediante la resolución 244 de 2023, el presidente Gustavo Petro ha oficializado la nominación de Salvatore Mancuso Gómez como el nuevo gestor de paz. Conforme al contenido del documento, esta designación persigue el propósito de que el exjefe paramilitar aporte su conocimiento y experiencia en la elaboración de estrategias para el desarme colectivo de los grupos criminales operantes en el territorio nacional.
El gobierno ha expresado claramente su intención de solicitar a las autoridades competentes la «suspensión de las medidas judiciales en curso contra Mancuso«, como uno de los beneficios destinados al exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.
De igual forma, se espera que Mancuso firme un acta ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la cual se comprometerá a comparecer en los procedimientos judiciales en Colombia y a presentar informes sobre sus actividades como gestor de paz.
Una vez el presidente estampe su firma en este documento, se aguarda que se dé inicio al proceso legal en los Estados Unidos para el traslado de Salvatore Mancuso a Colombia. Este trámite sigue a su designación como gestor de paz y a los pactos alcanzados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los cuales se consolidaron tras diversas audiencias en las que brindó información detallada sobre las interacciones entre las fuerzas armadas, los actores políticos y los paramilitares.
Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha sido designado como uno de los gestores de paz, según anunció el jefe de estado este domingo a través de redes sociales.
En respuesta a la decisión del presidente Gustavo Petro, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso envió una carta desde un centro de detención en Georgia, Estados Unidos. Mancuso, quien fue uno de los hombres más cercanos a Carlos Castaño, emitió un comunicado en el cual detalla su disposición y condiciones respecto a su designación para aportar en el proceso de paz total.
El Exjefe de las AUC dijo que, recibe esta decisión «con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, que pueda ser heredada por otras generaciones de colombianos que no merecen vivir lo que nosotros torpemente hemos vivido«.
Atentos: Salvatore Mancuso dice que seguirá compareciendo ante la justicia tras su designación como gestor de paz. Dice que será enlace entre la oficina de @IDARDOS @ComisionadoPaz y los exjefes de las AUC. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/RTzK0MiBHC
— Ricardo Ospina (@ricarospina) July 24, 2023
Además, Mancuso afirmó que asumir un papel en la justicia especial y hacerlo como gestor de paz en las negociaciones es una responsabilidad que tiene con la sociedad colombiana para prevenir futuras víctimas. Destacó que su labor en este rol tan importante permitirá, entre otras cosas, brindar apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y a la Cancillería colombiana en la identificación y búsqueda de personas desaparecidas en la frontera colombo-venezolana.
Aunque el nombramiento de Mancuso aún no ha sido oficializado, ya que se requiere un decreto presidencial para ello, existen tres situaciones pendientes que deben resolverse para aclarar algunas incógnitas sobre el futuro judicial del exjefe paramilitar.
El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en oarte se han perdido en manos fel estado recickadas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no… https://t.co/ZngyTEAgYx
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 23, 2023
Primero, El excabecilla de las Autodefensas, enfrenta una situación pendiente en cuanto a su extradición a Colombia. Aunque fue enviado a Estados Unidos en 2008 y cumplió una condena de 15 años, aún no ha regresado al país. Colombia ha solicitado su extradición, pero Mancuso ha interpuesto un recurso para ser enviado a Italia, donde posee la nacionalidad. Una audiencia está programada para el 22 de agosto para resolver el proceso administrativo sobre su extradición.
Segundo, el eventual ingreso de Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque inicialmente fue rechazado dos veces al solicitar ser aceptado como tercero civil, la JEP le ofreció la posibilidad de ingresar bajo la figura de ‘sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública’, es decir, alguien que actuó como intermediario entre los paramilitares y las fuerzas del Estado. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se encuentra evaluando la petición para tomar una decisión final.
Por último, se debe resolver si el ex AUC quedaría libre, en caso de regresar a Colombia. En marzo de este año una jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le concedió al exjefe paramilitar la libertad condicional «a modo de prueba» por cuatro años, al considerar que él ya había cumplido la pena máxima de 8 años. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dijo que no podría recuperar su libertad por cuenta de una investigación por lavado de activos y concierto para delinquir, delitos que habría cometido tras su desmovilización.
