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Salvatore Mancuso afirmó que no cerrar el proceso de ‘Ralito’ creó al Clan del Golfo

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Desde la La Picota, Salvatore Mancuso fue entrevistado, en donde abordó varios temas, como el asesinato de Jaime Garzón, Luis Carlos Restrepo, Álvaro Uribe, entre otros.

En una entrevista para RTVC, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, ha hecho declaraciones que parece ser siempre moverán el panorama político y social del país. En uno de los temas tratados, fue su acusación directa al excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, a quien señaló como uno de los instigadores del asesinato del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Vicente Castaño.

Mancuso afirmó contundentemente que Restrepo, en representación del gobierno colombiano, fue el responsable de la muerte de Castaño después de que este último expresara su voluntad de entregarse a las autoridades, bajo la condición de que se firmaran los acuerdos alcanzados entre las Autodefensas y el gobierno. Según Mancuso, en lugar de respetar este pacto, Castaño fue asesinado, llevándose consigo información crucial sobre el conflicto armado en Colombia, sus protagonistas y sus verdaderos objetivos.

Durante la entrevista, Mancuso también habló del expresidente Álvaro Uribe, a quien acusó de perpetuar el conflicto a través de su política de Seguridad Democrática. Sostuvo que esta estrategia solo contribuyó a aumentar la violencia y generó casos de falsos positivos, refiriéndose a las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate durante el gobierno de Uribe.

«Uribe no fue un promotor de la paz ni de la reconciliación«, enfatizó Mancuso durante la entrevista. «Su política de seguridad democrática prolongó el conflicto, como lo evidencian los miles de desaparecidos y asesinados con los falsos positivos durante su mandato«.

Por otro lado, el exAUC al mencionar al Clan del Golfo, la describió como una consecuencia directa de los incumplimientos del gobierno de Uribe con respecto al proceso de desmovilización de grupos paramilitares ya que afirmó que el líder del Centro Democrático no le interesaba cerrar el proceso de ‘Ralito’ para que así continuara la violencia en Colombia para «seguir vendiendo la imagen de salvador«.

«La extradición de algunos líderes paramilitares y la falta de garantías contribuyeron significativamente al surgimiento y fortalecimiento de grupos como el Clan del Golfo» -Salvatore Mancuso.

Además, el exparamilitar señaló la responsabilidad de varios expresidentes del país, desde César Gaviria en adelante, en la expansión del paramilitarismo, ya sea por acciones directas u omisiones.

Finalmente, Salvatore Mancuso respaldó la posición del presidente Gustavo Petro con respecto a la necesidad de una revisión constitucional. Argumentó que las deficiencias persistentes en la constitución de 1991 requieren una evaluación exhaustiva para abordar los problemas estructurales que afectan al país.

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El exparamilitar Salvatore Mancuso, no solo desestimó las acusaciones, de Álvaro Uribe Vélez, sino que también declaró su intención de presentar una denuncia formal contra el expresidente para que aclare sus afirmaciones ante las autoridades pertinentes.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso emitió una carta contundente en respuesta a las denuncias realizadas por el expresidente Álvaro Uribe. Las acusaciones, realizadas a través de la cuenta de X del también exgobernador de Antióquia, señalaban que Mancuso estaba instigando a personas para que lo incriminaran.

En su declaración, Mancuso rechazó enérgicamente estas afirmaciones y anunció su intención de denunciar al expresidente Uribe para que demuestre de dónde obtuvo la información que lo acusa. el exlíder paramilitar, afirmó que la opinión pública conoce quién recurre a tales «turbias prácticas» y quién no.

Además, Salvatore desde la cárcel La Picota, en Bogotá, advirtió a Uribe que presentará una denuncia penal en su contra esta misma semana, basándose en sus afirmaciones, para que aclare o presente pruebas de sus acusaciones ante las autoridades competentes.

En términos contundentes, Mancuso afirmó que todo lo que se debía decir sobre el vínculo de Uribe con el paramilitarismo en Colombia ya se ha expresado. También señaló que la justicia transicional impidió que Uribe y los altos cargos de su gobierno respondieran ante un tribunal internacional por su presunta participación en acciones paramilitares.

El exAUC instó a Uribe a acudir ante la justicia para contar la verdad, afirmando que las acusaciones del expresidente son una forma de avivar las tensiones entre quienes consideran a Salvatore Mancuso una figura «incómoda«.

Finalmente, Mancuso desestimó la idea de que regresó al país con el propósito de perseguir a Uribe, calificando esta idea como una manifestación de temor infundado y paranoia por parte del expresidente.

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La jueza de Justicia y Paz anunció la liberación del exjefe paramilitar tras la tercera solicitud, con acuerdo tanto de las víctimas como de la Fiscalía.

Tras su retorno a Colombia, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, se encontró frente a una nueva etapa de su proceso judicial, ahora, una jueza especializada en ejecución de sentencias de Justicia y Paz inició la lectura de su decisión sobre la solicitud de libertad presentada por la defensa de Mancuso. Esta solicitud se basó en el argumento de que el exparamilitar había cumplido con las penas impuestas dentro del marco de la justicia transicional.

La decisión, anunciada después de que todas las partes presentaran sus argumentos en una audiencia realizada el pasado viernes 1 de marzo, fue un paso significativo en el proceso legal de Mancuso. Sin embargo, a pesar de la decisión de la jueza, persisten incertidumbres sobre si el exAUC será liberado de inmediato debido a otros asuntos judiciales pendientes, incluidas medidas de aseguramiento en su contra y otras investigaciones en curso en todo el país.

La jueza otorgó la libertad condicional al exjefe paramilitar por un período de cuatro años, pero destacó que esta libertad estaría sujeta a condiciones. Salvatore Mancuso continúa enfrentando cerca de 50 procesos judiciales y medidas de aseguramiento en diferentes ciudades del país, lo que podría afectar su libertad condicional.

A pesar de que la jueza concluyó que no hay pruebas suficientes para determinar que Mancuso ha incumplido con su compromiso de reparación a las víctimas, expresó preocupación por la efectividad de este proceso. La Fiscalía deberá fortalecer sus recursos y crear una unidad dedicada al análisis financiero y la identificación de bienes relacionados con Mancuso.

En una audiencia anterior, la Fiscalía expresó su no oposición a conceder la libertad condicional a Mancuso, argumentando que este había cumplido con los requisitos necesarios, incluyendo aportes a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, la posición de las víctimas sobre este tema sigue dividida, con algunos expresando preocupaciones sobre la falta de entrega de bienes por parte de Mancuso como parte de su reparación. A pesar de colaborar con los procesos judiciales, los abogados de las víctimas señalaron que la reparación ha sido insuficiente y tardía en varios casos.

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La petición de libertad condicional fue presentada por la defensa del exparamilitar. Sin embargo solicitó que se mantuvieran las restricciones de desplazamiento de Mancuso en áreas específicas del país, como Córdoba.

El Juzgado de Ejecución de Penas de Justicia y Paz de Bogotá se prepara para anunciar su decisión sobre la posible concesión de libertad a prueba al exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso. La expectativa creció tras la conclusión de una diligencia el viernes 1 de enero, que culminó antes de lo esperado, donde las partes involucradas expresaron sus argumentos y posiciones ante el juez.

Uno de los puntos más destacados durante la diligencia fue el respaldo de la Fiscalía a la solicitud de libertad a prueba presentada por la defensa de Mancuso. La fiscal Magaly Álvarez enfatizó que, en su criterio, Mancuso ha cumplido con los requisitos necesarios para obtener este beneficio, incluyendo su colaboración en la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas. Este respaldo marca un giro significativo en el proceso.

Asimismo, la Procuraduría expresó su posición favorable hacia la concesión del beneficio, resaltando la importancia de analizar con detenimiento las restricciones a la movilidad de Mancuso, especialmente en su papel como gestor de paz, para evitar la revictimización.

Los apoderados de las víctimas también han respaldado la solicitud de libertad a prueba, con la condición de que Mancuso continúe colaborando en la búsqueda de personas desaparecidas y en el proceso de reparación a las víctimas.

Esta decisión del Juzgado de Ejecución de Penas de Justicia y Paz de Bogotá marcaría un hito en el proceso de reconciliación y justicia en Colombia. Se espera que el veredicto, programado para el próximo lunes 4 de marzo, sea el resultado de un análisis exhaustivo de todas las argumentaciones presentadas durante la diligencia, tomando en consideración el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

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La Jurisdicción Especial para la Paz concluye que la nuevas declaraciones de Salvatore Mancuso aportan información sobre su papel como enlace entre paramilitares y Fuerza Pública. El Exjefe de las AUC vincula al expresidente Álvaro Uribe sobre el conocimiento de la masacre del Aro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado una decisión excepcional al aceptar el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública. Esta determinación implica un giro significativo en el proceso de justicia transicional, permitiendo que Mancuso sea juzgado por su papel crucial como enlace entre las Autodefensas y la Fuerza Pública durante el conflicto armado en Colombia.

La singularidad de esta resolución radica en la figura controvertida bajo la cual la JEP ha decidido recibir a Mancuso, tratándolo de manera análoga a un agente del Estado. Este enfoque le confiere a la JEP jurisdicción exclusiva sobre los procesos que actualmente están siendo llevados a cabo por la justicia ordinaria en contra de Mancuso, excluyendo deliberadamente los procedimientos que se desarrollan en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

A pesar de la posibilidad de que la JEP otorgue beneficios jurídicos a Mancuso como resultado de su sometimiento, se plantea una complejidad adicional en relación con su libertad. La Sala de Justicia y Paz, que previamente lo condenó a 40 años de prisión por diversos crímenes, podría emitir una orden de detención que prevalecería sobre cualquier decisión tomada por la JEP. Esta situación se ve agravada por la condena previa de Mancuso en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, que no abarca los casos ya resueltos por la jurisdicción de Justicia y Paz.

Masacre del Aro

En la audiencia reservada en la JEP, Mancuso afirmó que el expresidente Álvaro Uribe, durante su mandato como gobernador, tenía conocimiento de la operación que condujo a la masacre del Aro. Además, de manera pública, Mancuso ha tratado de involucrar a Francisco Santos e incluso al expresidente Andrés Pastrana en diferentes eventos.

Cabe recordar que, la JEP no tiene la autoridad para investigar a expresidentes, lo que significa que no puede iniciar un proceso basado en las acusaciones de Mancuso contra ellos. Esto no implica que las declaraciones de Mancuso en estos aspectos carezcan de consecuencias, ya que la JEP puede remitir copias de sus declaraciones a la Corte Suprema u otras instancias judiciales. No obstante, es evidente que en ciertos sectores de la Jurisdicción Especial para la Paz existe un interés en llevar a cabo procedimientos de esta índole.

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Las autoridades migratorias están a la espera, si el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, será enviado a Colombia, mientras su destino se mantiene en suspenso en una corte de Washington.

El juez a cargo del caso de Salvatore Mancuso en Washington ha decidido mantener el proceso en espera mientras avanza un procedimiento paralelo en las cortes migratorias del país. Esto significa que el exjefe de las AUC se encuentra en una posición donde sus argumentos legales para permanecer en Estados Unidos o ser deportado a Italia, no están saliendo con éxito.

«Luego de considerar el Reporte de Situación presentado por las partes, se ordena que el caso siga congelado. Se ordena además que las partes presenten otro Reporte de Situación antes del próximo 22 de febrero del 2024«, indicó el juez federal Richard León.

El documento fue firmado por el juez el pasado 22 de agosto, pero su divulgación se realizó en la madrugada de este miércoles 6 de septiembre. Las partes pidieron al juez que mantuviera suspendido su caso en Washington, ya que Mancuso continúa luchando ante las cortes migratorias para obtener asilo en EE. UU.

En el mismo informe, los abogados de Mancuso informaron al juez León que un magistrado migratorio le había denegado el asilo el 26 de mayo y que el caso se encuentra actualmente en apelación ante la Junta Migratoria, que emitirá pronto una decisión definitiva. Esta situación podría explicar en parte su interés en convertirse en un gestor de paz en el gobierno de Gustavo Petro, ya que su regreso a Colombia parece inevitable en este punto.

El caso quedó en pausa cuando Mancuso solicitó asilo, ya que el juez León no podía tomar una decisión final sin resolver la validez de su petición de asilo en EE. UU. Sin embargo, dado que esa opción parece cerrarse, es solo cuestión de tiempo antes de que el caso regrese a la corte de Washington, donde es probable que el exparamilitar pierda. Cuando el juez León levante la orden que impide su deportación, Mancuso será enviado de inmediato a Colombia.


En medio de la búsqueda de la Paz Total, el presidente Gustavo Petro consolida la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz al firmar la resolución.

Mediante la resolución 244 de 2023, el presidente Gustavo Petro ha oficializado la nominación de Salvatore Mancuso Gómez como el nuevo gestor de paz. Conforme al contenido del documento, esta designación persigue el propósito de que el exjefe paramilitar aporte su conocimiento y experiencia en la elaboración de estrategias para el desarme colectivo de los grupos criminales operantes en el territorio nacional.

El gobierno ha expresado claramente su intención de solicitar a las autoridades competentes la «suspensión de las medidas judiciales en curso contra Mancuso«, como uno de los beneficios destinados al exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.

De igual forma, se espera que Mancuso firme un acta ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la cual se comprometerá a comparecer en los procedimientos judiciales en Colombia y a presentar informes sobre sus actividades como gestor de paz.

Una vez el presidente estampe su firma en este documento, se aguarda que se dé inicio al proceso legal en los Estados Unidos para el traslado de Salvatore Mancuso a Colombia. Este trámite sigue a su designación como gestor de paz y a los pactos alcanzados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los cuales se consolidaron tras diversas audiencias en las que brindó información detallada sobre las interacciones entre las fuerzas armadas, los actores políticos y los paramilitares.


Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha sido designado como uno de los gestores de paz, según anunció el jefe de estado este domingo a través de redes sociales.

En respuesta a la decisión del presidente Gustavo Petro, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso envió una carta desde un centro de detención en Georgia, Estados Unidos. Mancuso, quien fue uno de los hombres más cercanos a Carlos Castaño, emitió un comunicado en el cual detalla su disposición y condiciones respecto a su designación para aportar en el proceso de paz total.

El Exjefe de las AUC dijo que, recibe esta decisión «con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, que pueda ser heredada por otras generaciones de colombianos que no merecen vivir lo que nosotros torpemente hemos vivido«.

Además, Mancuso afirmó que asumir un papel en la justicia especial y hacerlo como gestor de paz en las negociaciones es una responsabilidad que tiene con la sociedad colombiana para prevenir futuras víctimas. Destacó que su labor en este rol tan importante permitirá, entre otras cosas, brindar apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y a la Cancillería colombiana en la identificación y búsqueda de personas desaparecidas en la frontera colombo-venezolana.

Aunque el nombramiento de Mancuso aún no ha sido oficializado, ya que se requiere un decreto presidencial para ello, existen tres situaciones pendientes que deben resolverse para aclarar algunas incógnitas sobre el futuro judicial del exjefe paramilitar.

Primero, El excabecilla de las Autodefensas, enfrenta una situación pendiente en cuanto a su extradición a Colombia. Aunque fue enviado a Estados Unidos en 2008 y cumplió una condena de 15 años, aún no ha regresado al país. Colombia ha solicitado su extradición, pero Mancuso ha interpuesto un recurso para ser enviado a Italia, donde posee la nacionalidad. Una audiencia está programada para el 22 de agosto para resolver el proceso administrativo sobre su extradición.

Segundo, el eventual ingreso de Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque inicialmente fue rechazado dos veces al solicitar ser aceptado como tercero civil, la JEP le ofreció la posibilidad de ingresar bajo la figura de ‘sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública’, es decir, alguien que actuó como intermediario entre los paramilitares y las fuerzas del Estado. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se encuentra evaluando la petición para tomar una decisión final.

Por último, se debe resolver si el ex AUC quedaría libre, en caso de regresar a Colombia. En marzo de este año una jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le concedió al exjefe paramilitar la libertad condicional «a modo de prueba» por cuatro años, al considerar que él ya había cumplido la pena máxima de 8 años. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dijo que no podría recuperar su libertad por cuenta de una investigación por lavado de activos y concierto para delinquir, delitos que habría cometido tras su desmovilización.

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