Las multas impuestas por la SIC a las empresas y personas naturales ascienden a cerca de los 30 mil millones de pesos.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una serie de sanciones contra un grupo de empresas y personas naturales por su participación en prácticas anticompetitivas en procesos de contratación. Estas medidas se derivan de un análisis de 33 procesos de contratación que tuvieron lugar entre los años 2014 y 2020.
Según la SIC, estas empresas y personas habrían obtenido ventajas competitivas ilegales mediante la colusión, una práctica que distorsiona la competencia y afecta la dinámica de los procesos de contratación. Las multas impuestas alcanzan la suma de aproximadamente $28.600 millones.
La superintendente @cielo_rusinque te cuenta detalles de cómo las funciones y competencias de #LaSICdelCambio le permitieron imponer sanciones a empresas de transporte especial y a personas naturales por coludir y gestionar ventajas competitivas ilegales. pic.twitter.com/7f7F3k6P0t
— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 3, 2024
El proceso de investigación de la Superintendencia incluyó el decomiso de equipos tecnológicos como computadoras, grabadoras y teléfonos celulares. Estos dispositivos proporcionaron evidencia clave, incluyendo chats entre los investigados y funcionarios de entidades gubernamentales relacionados con los procesos de contratación. Dichas comunicaciones revelaron un trato preferencial y la manipulación de documentos para favorecer a ciertas empresas sobre otras en los procesos licitatorios.
Conoce el abecé de la sanción impuesta por #LaSICdelCambio a 20 empresas de transporte especial y 26 personas por coludir, gestionar ventajas competitivas ilegales o favorecerse en procesos de contratación👇 pic.twitter.com/l4yyALEvP2
— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 3, 2024
Las entidades del Estado afectadas por estas prácticas fraudulentas incluyen a el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y de Cundinamarca, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, la Agencia Nacional del Espectro y la Alcaldía de Barranquilla. La Superintendencia ha señalado que estas conductas afectan la protección del patrimonio público y distorsionan el mercado, perjudicando la sana competencia y la transparencia en los procesos de contratación.
Además de las multas económicas, la SIC puso énfasis en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevención de la corrupción en la contratación estatal.
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