Si bien el salario actual de los congresistas es de $35 millones, el Ejecutivo dio vía libre a un incremento del 7,26 %, lo que implica un aumento de $2,5 millones. En total recibirán $37’880.084
Con esta decisión queda derogado el decreto 1546 de 2022, con el que se reajustó el salario de los congresistas un 2,16 %, que correspondió a un aumento de $898.313.
A través de un decreto firmado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aumentó en 7,26 % el salario de los miembros del Congreso de la República. Actualmente, los legisladores reciben $35’316.133 cada mes como remuneración, pero con el ajuste –que en plata blanca será de $2’563.951– ahora percibirán casi $38 millones: en total, $37’880.084.
El decreto, fechado este lunes 5 de diciembre, se hace en cumplimiento de un mandato constitucional que indica que el Ejecutivo realizará el ajuste salarial de forma anual. Lo anterior, según el promedio de los cambios que, en el último año, haya sufrido la remuneración de los funcionarios públicos. Para ese cálculo entran en juego asuntos como los derechos adquiridos de los empleados, la carrera administrativa o la política macroeconómica o fiscal.
Apenas en agosto pasado, en las postrimerías del gobierno de Iván Duque, fue expedido otro decreto que autorizó un incremento de 2,61 % en el salario de los congresistas. La decisión, que corresponde al salario de 2021, estaba lista desde comienzos de año, pero no había sido avalada por el Ministerio de Hacienda ni se había firmado por el ahora exprimer mandatario.
Por su parte, el decreto firmado por el gobierno Petro indica que comienza a regir a partir del 1 de enero de 2022, es decir, que deroga el de Duque y les garantiza un retroactivo de 12 meses a aquellos que fueron reelegidos y de seis meses para los nuevos.
Actualmente, en el propio Congreso cursa un proyecto de reforma constitucional para reducir el sueldo que se les paga a cada uno de los 296 legisladores que tiene Colombia, lo que implica un gasto mensual de más o menos 10.360 millones de pesos en solo los salarios.
Se busca que, a partir de 2026, el sueldo de un congresista no supere los 23 salarios mínimos mensuales vigentes. Eso se haría a través de la modificación del artículo 187 de la Constitución para que allí quede establecido ese tope, que incluye factores salariales y no salariales.
Eso, en plata blanca, se traduce en que los congresistas sí quieren bajarse el sueldo, pero después de que se acabe el actual periodo, lo que se traduce en que aplicaría a quienes sean elegidos en las próximas elecciones legislativas. Los actuales mantendrían sus $35 millones (ahora $38 millones) intactos. Algo que va de lo risible a lo contradictorio, pese a la pompa de los anuncios.
En paralelo con la determinación, este mismo martes fue aprobada en la Cámara de Representantes una iniciativa para reducir el receso legislativo de los congresistas y que trabajen un mes más al año. El proyecto de acto legislativo –es decir, que implica cambiar la Constitución– pasó en su cuarto de ocho debates y completó la mitad de su periplo en el Capitolio.
Actualmente, senadores y representantes arrancan la legislatura desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre, y retoman entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Es decir, formalmente sesionan ocho de los 12 meses del año. Así las cosas, el proyecto pretende extender las sesiones ordinarias del Congreso y que arranquen no el 16 de marzo, sino el 16 de febrero.
Justo hace un año, en diciembre de 2021, se hundió un proyecto con un objetivo similar en el último de los ocho debates en Legislativo. En ese entonces, la iniciativa del exrepresentante Gabriel Santos (Centro Democrático) terminó en los anaqueles del Congreso por falta de quórum en el Senado.
La discusión alrededor de la iniciativa aprobada este martes continuará en quinto debate en el próximo semestre legislativo, es decir, en marzo de 2023, cuando aterrizará a la Comisión Primera del Senado
Decreto 2405 Del 5 de Diciembre de 2022.Pd by Laura Tellez on Scribd
La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un acto legislativo que garantiza la reducción inmediata del salario que reciben los congresistas y demás altos funcionarios del Estado
La iniciativa de autoría del Centro Democrático, crea un impuesto del 20% a los elevados sueldos de los congresistas, lo cual reduciría aproximadamente a 25 millones de pesos la mensualidad de los legisladores, magistrados, entre otros, de forma instantánea.
La senadora Paloma Valencia explicó que la propuesta garantiza que a partir de 2026 dicha reducción quede aprobada por ley de forma permanente.
“Es el anhelo que teníamos desde hace mucho tiempo. Va a quedar un tope de 23 salarios mínimos legales vigentes a partir de 2026 y un impuesto del 20% sobre todos los altos salarios de los altos funcionarios, esto es una muy buena noticia”, señaló.
“Estoy muy positiva sobre el proyecto, yo creo que será una realidad y que los colombianos van a ver cumplida esta promesa que hemos trabajado mucho”, añadió.
Paloma Valencia aseguró que esta iniciativa no había prosperado en el pasado por cuenta de la gran cantidad de impedimentos que siempre se presentaban durante el trámite de la misma.
“Los primeros proyectos se me hundieron porque todo el mundo presentaba impedimento y no había como, pero modificamos la ley de impedimentos del Congreso y puse que los mismos no aplicaban para bajar las prebendas de los congresistas, pero sí para subirlas”, indicó.
“Este es un camino muy largo que hemos construido y yo creo que esta vez va a salir adelante y a los colombianos les importan estas señales”, agregó la parlamentaria.
Esta reforma constitucional continuará su trámite en segundo debate en la plenaria del Senado de la República. La propuesta está siendo respaldada por la bancada del Pacto Histórico, que logró un acuerdo con la oposición para impulsarla de manera consensuada.
Los partidos Centro Democrático, Pacto Histórico, Alianza Verde y Liga Anticorrupción llegaron a un acuerdo y radicaran un proyecto para reducir el salario de los congresistas
Actualmente en el Congreso hacen trámite cuatro proyectos de ley que buscan hacer una reducción salarial a los legisladores, sin embargo, ninguno contaba con un apoyo político claro. Al parecer, finalmente hay un acuerdo que da posibilidad a que esta propuesta pueda hacerse realidad.
Se trata de un proyecto de ley de reforma al Congreso, que será radicado este miércoles y que es resultado de una serie de reuniones entre integrantes de los partidos Centro Democrático, Pacto Histórico, Alianza Verde y Liga Anticorrupción (LIGA).
Para que la disminución del salario pueda hacerse efectiva durante el periodo actual, el proyecto propone que entre 2022-2026, el sueldo de los congresistas tenga un impuesto del veinte por ciento (20%) que será fijado por la ley. Recordemos que esta propuesta ya había sido puesta sobre la mesa por la senadora Paloma Valencia con el nombre de “impuesto solidario”.
Petro delegó nuevas funciones a Francia Márquez
Para los años posteriores al 2026, la reforma buscará un cambio más profundo, al modificar el artículo 187 de la Constitución Política, en el que quedaría establecido que la remuneración mensual de los congresistas de la República, incluyendo los factores salariales y no salariales, no podrá exceder los veintitrés (23) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).
Adicionalmente, según lo señala Catherine Juvinao, también apoyaran y harán proposiciones para pasar un impuesto al salario a través de la reforma tributaria, pues, según dice, así se “aprueba rápido y sería de aplicación inmediata apenas empiece a regir la reforma tributaria”, en caso de que el proyecto tenga problemas en los debates.
El proyecto de reforma al Congreso también intentará modificar el tiempo de vacaciones de los congresistas así como los motivos de perdida de investidura. De aprobarse, el segundo periodo legislativo empezaría el 1 de febrero y no el 16 de marzo, como actualmente lo indica el artículo 138 de la Constitución.
Asimismo, con el proyecto se busca que los Congresistas pierdan su investidura por la inasistencia injustificada a seis sesiones de las Comisiones Constitucionales Permanentes, en las que se voten proyectos de ley; anteriormente solo aplicada para la inasistencia a sesiones plenarias.
El acuerdo fue alcanzado por Gustavo Bolívar, Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Catherine Juvinao (Alianza Verde), quienes ya habían presentado un primer proyecto de reforma al Congreso, así como por Paloma Valencia, Hernán Cadavid (Centro Democrático), Marelen Castillo y Erika Sánchez (LIGA).
