Dentro de la acción de tutela presentada, el canciller en suspensión, Álvaro Leyva, alegó una seria violación de derechos fundamentales, entre ellos, el de poder trabajar y al debido proceso.
El Tribunal Superior de Bogotá ha rechazado la solicitud de tutela presentada por el suspendido canciller Álvaro Leyva, quien buscaba revertir la suspensión de tres meses impuesta por la Procuraduría General de la Nación. La decisión del tribunal llega tras una investigación del Ministerio Público sobre las acciones de Leyva durante la declaratoria desierta del millonario contrato para pasaportes.
En su solicitud de tutela, Leyva argumentaba una grave violación a los derechos fundamentales, al trabajo, al debido proceso y a ejercer cargos públicos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que las decisiones adoptadas por la Procuraduría no vulneraron ni amenazaron sus derechos constitucionales fundamentales.
Según el tribunal, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias graves, calificadas provisionalmente como cometidas a título de dolo. La primera falta estaría relacionada con la declaración desierta de la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos necesarios, lo que podría haber transgredido los principios de la contratación estatal. Además, se le imputaron cargos por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el trámite contractual sin justificación aparente.
La suspensión provisional de Leyva Durán fue justificada por la Sala Disciplinaria como medida para evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias atribuidas, considerando su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y director del nuevo proceso contractual para la gestión de pasaportes.
La defensa de Leyva, a cargo del abogado Yefferson Dueñas, presentó la tutela argumentando que, al tratarse de una licitación pública, no tenía sentido que solo se presentara un oferente. Además, argumentaron que entre las facultades de Leyva está ordenar el gasto de la Cancillería, por lo que consideran que se violaron sus derechos.
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