Un tribunal de arbitraje dictaminó que las acciones tomadas por la Alcaldía de Bogotá, en el desmonte del Sitp provisional de Transmilenio, han tenido un impacto económico al operador encargado del recaudo.
Luego de un prolongado litigio que se extendió durante casi dos años, finalmente se ha emitido el fallo por parte de un Tribunal de Arbitramento en el caso entre Transmilenio y Recaudo Bogotá, determinando que el sistema masivo de transporte público de la capital está obligado a pagar una suma superior a los $74 millones a este operador encargado del recaudo en las estaciones y buses del sistema de transporte.
Este resultado se debe a los costos y desajustes ocasionados por los incumplimientos en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en la ciudad. Durante el proceso arbitral, los árbitros analizaron detalladamente las acciones y los incumplimientos tanto por parte del Distrito como de Transmilenio, los cuales generaron un desequilibrio económico en el contrato y afectaron significativamente la operación y las utilidades de Recaudo Bogotá.
El tribunal concluyó que las acciones y los incumplimientos cometidos por el Distrito y Transmilenio tuvieron un impacto negativo en la operación y en la rentabilidad del operador del recaudo. Estos desajustes económicos fueron considerados como responsabilidad de Transmilenio, lo que llevó al fallo en favor de Recaudo Bogotá y a la orden de pago de más de $74 millones.
En consecuencia, Transmilenio ha sido ordenado a efectuar el pago de $44.056.000.000 correspondientes a la remuneración variable sin utilidad dejada de percibir durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020. Además, deberá desembolsar $30.476.000.000 por concepto de la remuneración por los equipos instalados en los vehículos que operaban en el sistema en ese mismo periodo.
El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) indicó que, a pesar de la inversión de más de $1 billón realizada en la construcción y mantenimiento del sistema, la remuneración recibida no ha sido adecuada para generar utilidades y compensar las pérdidas. Esta conclusión se sostiene a pesar de las ganacias contables reportadas en los años 2019 y 2020.