El contratista Luis Eduardo López Rosero tiene datos de soborno por $ 7.200 millones en la UNGRD y le entregaría la información a la Fiscalía para cuidar a su familia.
Las investigaciones continúan arrojando más salpicados sobre uno de los escándalos de corrupción más importantes en la administración del Gobierno de Gustavo Petro. En el centro de este complejo entramado se encuentran irregularidades y pagos de sobornos relacionados con la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UGRD) para abastecer a La Guajira. Este caso ha implicado a altos funcionarios, contratistas y políticos del Congreso.
Entre las piezas clave de la investigación se encuentran Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes trabajaron en la UNGRD. Sin embargo, las autoridades también están buscando contactar a otras personas que podrían tener información sobre cómo se desviaron 7.200 millones de pesos a manos del entonces subdirector de la unidad, desencadenando así este escándalo de proporciones significativas.
Uno de los personajes que ha aparecido en este entramado es Luis Eduardo López Rosero, un contratista del departamento de Nariño y antiguo proveedor de la UNGRD. En una entrevista a El Tiempo, López Rosero admitió su relación con Roger Pastas Fuertes, propietario de Impoamericana Roger SAS, la empresa encargada de suministrar los carrotanques por un monto de 46.800 millones de pesos, lo que generó sobrecostos de 20.000 millones. Además, el contratista reveló que él y su hija, Karen López Brand, facilitaron el financiamiento para la adquisición de estos vehículos.
Sin embargo, López Rosero parece estar planeando una estrategia para negociar con la Fiscalía General de la Nación. Aunque se había rumoreado que estaba buscando un principio de oportunidad, finalmente no compareció en la citación programada. Las autoridades cuentan con evidencia que sugiere que López Rosero actuó como intermediario para llevar a cabo el plan, que involucraba un soborno de 7.200 millones de pesos entregados en efectivo en febrero de 2024.
La participación de López en esta trama de corrupción se remonta al denominado ‘club de la bicicleta’, un grupo compuesto por políticos y empresarios de alto nivel en Pasto, Nariño. Fue en este contexto donde se fraguaron los acuerdos irregulares que hoy tienen en vilo al Gobierno Nacional.
Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor general de Olmedo López y antiguo jefe de la oficina jurídica de Camilo Romero, fue quien contactó a López Rosero para plantearle el negocio de los carrotanques, a través del proveedor que abastecía bicicletas al poderoso grupo deportivo.
Pedro Rodríguez ya estaba bajo la lupa de las autoridades incluso antes de que estallara el escándalo de los carrotanques, ya que fue denunciado por Olmedo López por ocultamiento de información y corrupción. Todo indica que este asesor, destinado a fortalecer la transparencia institucional, terminó siendo el eslabón clave que involucró a miembros de la Alianza Verde, como la exconsejera para las regiones de la presidencia Sandra Ortiz, el presidente del Senado Iván Name y Carlos Ramón González, de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Por su parte, Gustavo Petro y su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, han pedido una investigación que abarque a altos funcionarios y exfuncionarios de la UNGRD, incluyendo a aquellos de administraciones previas. Paralelamente, el empresario López Rosero está evaluando qué información proporcionar a la Fiscalía para evitar una condena potencialmente grave, que también podría afectar a su hija y a su esposa.
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Las declaraciones de los exfuncionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla será crucial, proporcionando pruebas contundentes que respalden las acusaciones graves.
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, solicitó un principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación, en medio del escándalo que rodea el contrato de los carrotanques. En un audio difundido el domingo 5 de mayo, López expresó su disposición a colaborar con la justicia y a romper su silencio para esclarecer los hechos.
En sus declaraciones, López destacó que ha enfrentado duras batallas y que comprende la dificultad de seguir órdenes en situaciones complejas como esta. «Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas, sabrán lo difícil que es seguir órdenes«, afirmó el exfuncionario.
En el mismo audio, López enfatizó en no permitir que se aprovechen más de su silencio. A través de su abogado, José Moreno Caballero, solicitó medidas de protección a la comunidad internacional para garantizar que pueda contar toda la verdad sobre lo sucedido en relación con el contrato de los carrotanques por parte de la UNGRD.
Olmedo López está listo para contar la verdad de uno de los peores escándalos de corrupción que ha conocido el país.
“Se aprovechan de mi silencio, no más. No se los voy a permitir”. Por favor que la Fiscalía le dé la protección y lo escuche.Olmedo López y Sneyder Pinilla… pic.twitter.com/1YNj3mFPeZ
— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 5, 2024
Este pronunciamiento de Olmedo López surge en respuesta a las recientes revelaciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien señaló a la revista Semana que por órdenes de López se repartieron $4.000 millones del dinero correspondiente al contrato de los carrotanques para entregarles a los presidentes de la Cámara y el Senado, Andrés Calle e Iván Name, respectivamente, con el fin de obtener apoyo para las reformas del Gobierno.
Pinilla detalló que, desde septiembre de 2023, López les indicó estar pendientes de ciertos temas relacionados con las reformas en el Congreso, a pesar de no estar de acuerdo con estas acciones. «Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer porque es una política de Estado«, mencionó Pinilla.
Ante estos acontecimientos, la Fiscalía General de la Nación anunció que brindará protección a Sneyder Pinilla para colaborar con la justicia y reiteró su solicitud para que el exfuncionario se acerque al ente investigador y cuente todo lo que sabe sobre el caso.
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El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, afirmó que los pagos tenían como finalidad respaldar en el Congreso las reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional.
En una entrevista concedida a Semana, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lanzó acusaciones que ponen en tela de juicio la integridad del Gobierno. En sus declaraciones, Pinilla menciona directamente al exdirector Olmedo López, al presidente del Senado Iván Name y al presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle.
Las revelaciones de Pinilla son sorprendentes. Confesó que Olmedo López le ordenó entregar millonarias sumas de dinero a altos funcionarios del Congreso para influir en la aprobación de las reformas propuestas por Petro. Estos pagos se derivaron del contrato de los carrotanques destinados a La Guajira.
Según Pinilla, su tarea era entregar 3 mil millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y mil millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Estos pagos se realizaron en efectivo, transportados en maletas negras durante el mes de 2023, justo antes de las elecciones.
Durante la entrevista realizada por Semana, el exsubdirector de la UNGRD detalló cómo se llevaron a cabo las entregas del dinero en Bogotá y Montería. Además, mencionó a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones, como la ‘mensajera’ encargada de entregar la millonaria suma de dinero a Iván Name. También señaló al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, relacionándolo con reuniones donde se decidió el desembolso del dinero. Pinilla también tiene información crítica que involucra a otros 15 congresistas en este escándalo de corrupción.
El abogado de Sneyder Pinilla indicó que su vida corre riesgo ante posibles represalias y están buscando un principio de oportunidad con inmunidad total.
Es importante recordar que la Fiscalía General de la Nación ha citado a interrogatorio al exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, para el próximo 8 de mayo. Esta diligencia tiene como objetivo esclarecer los actos de corrupción en la compra de carrotanques adquiridos para distribuir agua en La Guajira.
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Dentro del proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en el proyecto de reconstrucción de Mocoa se encuentran involucrados exdirectores de la UNGRD como Olmedo López, Luis Fernando Velasco y Eduardo José González.
La Contraloría General de la República dio a conocer la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por un monto de $24.315 millones. El motivo se centra en el proyecto de vivienda Sauces II, ubicado en Mocoa, Putumayo, y señala a 6 exdirectores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo -UNGRD, como posibles responsables.
Entre los exdirectores vinculados se encuentran nombres como Eduardo José González, Javier Pava Sánchez, Olmedo López Martínez, Fernando Carvajal Calderón, Gerardo Jaramillo Montenegro y Luis Fernando Velasco, algunos de los cuales ejercieron como directores encargados en el pasado.
La Contraloría detalla que estas acciones irregulares están relacionadas con los contratos de obra 9677-PPAL001-243-2018 y 9677-PPAL001-244-2018, los cuales forman parte del Convenio Interadministrativo N.º 9677 PPAL001-217-2017 PROYECTOS SAUCES II, derivado de la Declaratoria de Emergencia tras la trágica avalancha del 31 de marzo de 2017 en Mocoa.
Según las investigaciones, se ha identificado un daño inicial de $18.566’888.997 debido a la falta de ejecución de las 909 viviendas previstas en los contratos mencionados, lo que representa una significativa desviación de recursos destinados a la reconstrucción y ayuda a los damnificados.
Además, la prolongación en la entrega de estas viviendas ha causado un detrimento patrimonial estimado en $5.748.316.667, derivado de la continuación de pagos de subsidios a los afectados por la tragedia en Mocoa. El total inicial del proceso de responsabilidad fiscal asciende a la mencionada suma de $24.315 millones.
La CGR abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía total de $24.315 millones por irregularidades evidenciadas en la construcción de 909 viviendas del proyecto Sauces II en Mocoa. Seis exdirectores de la @UNGRD fueron vinculados al proceso. https://t.co/7C20rOSdDx pic.twitter.com/EMiyVbejgi
— Contraloría General (@CGR_Colombia) April 23, 2024
En cuanto a la responsabilidad individual, se destaca que Fernando Carvajal ocupó el cargo de Director General (e) de la UNGRD desde abril de 2022 hasta la fecha del hallazgo fiscal. Eduardo José González fungió como Director General desde agosto de 2018 hasta el año 2022. Gerardo Jamamillo, Secretario General desde junio de 2015 hasta febrero de 2020 y director encargado de la UNGRD desde febrero de 2020 hasta la fecha del hallazgo.
Javier Pava asumió como Director General de la UNGRD desde agosto de 2022 hasta marzo de 2023. Luis Fernando Velasco ejerció como Director General de la UNGRD desde abril de 2023 hasta mayo de 2023. Olmedo López ocupó el cargo de Director General de la UNGRD de abril de 2023 hasta febrero de 2024.
El Consorcio Mocoa 2019 es integrado por ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS -AICON S.A.S., CONSTRUCTORA MURAGLIA S.A., y CORPORACIÓN AMBIENTE COLOMBIA, también se encuentra involucrado en estas investigaciones de este proceso de responsabilidad fiscal.
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