El derecho a la oposición política del Centro Democrático y otros partidos y movimientos con personería jurídica que se oponen al Gobierno Nacional ha sido amparado por la Corte Constitucional.

Este jueves 7 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un fallo a favor de una tutela presentada por el Centro Democrático contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría y el Ministerio de Hacienda por el uso del espacio electromagnético en respuesta a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro.

En su fallo, el alto tribunal ordenó al máximo órgano electoral cumplir con el Estatuto de la Oposición y establecer mecanismos que permitan a todos los partidos oficialmente declarados como opositores al gobierno actual utilizar espacios en radio, televisión y prensa escrita para responder a las alocuciones oficiales.

La Corte Constitucional también concluyó que se produjo un perjuicio como resultado de una violación del derecho de réplica de la oposición desde el 24 de agosto (días después de la toma de posesión del presidente Petro) hasta la fecha en que se anunció la decisión.

Por este motivo, el alto tribunal remitió expedientes a la Procuraduría para que, en el ámbito de sus competencias, investigue si la conducta de los miembros del CNE, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades responsables constituye una falta disciplinaria por lo denunciado por el Centro Democrático.

«Amparar el derecho a la oposición política de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición al Gobierno nacional» mediante la asignación de espacios de medios de comunicación estatales, incluyendo aquellos «que hacen uso del espectro electromagnético, de acuerdo con previsto por los artículos 112 de la Constitución Política y 13 de la Ley 1909 de 2018«.

Como resultado de este fallo, los principales beneficiados con el fallo son el Centro Democrático, Cambio Radical y la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La Sala Plena instruyó al CNE, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Hacienda a llevar a cabo las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para dar cumplimiento a esta sentencia.

Asimismo, ordenó al MinHacienda que incluya en el proyecto de ley de presupuesto anual, de manera detallada, las asignaciones presupuestarias destinadas a cumplir con los requisitos de la Ley 1909 de 2018.