Hasta de 399 millones fue el detrimento causado por una funcionaria de la Cancillería
Un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública acusó a la funcionaria de la Cancillería Claudia Esperanza Amaya Vargas por incumplir con los requisitos legales de tres contratos firmados.
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Los contratos fueron firmados entre septiembre de 2016 y enero de 2018 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, su valor ascendió a 828 millones de pesos.
Su objetivo era adquirir y poner en funcionamiento de un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos.
El Ministerio firmó tres contratos por $828 millones, para adquirir y poner en funcionamiento un sistema integrado para la gestión de documentos electrónicos. Por ello, se tendrían que haber ejecutado contratos para brindar soporte técnico y mantenimiento evolutivo al sistema. pic.twitter.com/g4agetMOoz
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 1, 2021
Una de las irregularidades fue la contratación directa que realizó y que en el informe final la canciller certificó que ya se habían cumplido las obligaciones necesarias.
Pero la funcionaria no había realizado ninguna recomendación ni observación, en la que se evidenciara el cumplimiento de los objetivos.
La Fiscalía presentó pruebas en la que se ve a la investigada sostuvo una cita con otro funcionario público y una persona particular.
Allí se puede ver al otro funcionario público otorgando paz y salvos de los convenios sin que esto se ejecutaran correctamente.
Por este motivo la Cancillería sufrió un de detrimento patrimonial de 399 millones de pesos.
La imputada no aceptó los cargos, y la Fiscalía imputará a otros miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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