La Procuraduría indicó que solicitó a la Superintendencia de Salud la documentación relativa al procedimiento llevado a cabo para asumir el control de la EPS Sanitas, así como los pasos seguidos para nombrar al interventor. Además, requirió información sobre el número de quejas, reclamaciones y acciones legales en relación con el número de afiliados, así como los compromisos financieros de la EPS con la red de proveedores de servicios médicos y tecnológicos, entre otros elementos de prueba.

La EPS Sanitas emitió una respuesta pública en la que afirmaron que rechazan de manera enérgica y firme la intervención arbitraria de su entidad, al considerarla como una medida improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria. Según el grupo Krealty, al cual pertenece la EPS, la situación de solvencia financiera se debe en gran medida a la falta de análisis responsables por parte del gobierno en temas como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada.

La queja disciplinaria contra la Superintendencia fue presentada por Juan Pablo Currea, quien es el representante legal de Keralty SAS. En resumen, el grupo considera que no existe justificación para la intervención forzosa destinada a administrar la EPS por un año, y consideran que fue un grave error ordenar la toma de control de sus activos y operaciones a nivel nacional.