El expresidente Uribe afirmó estar dispuesto a ofrecer las explicaciones necesarias ante la justicia argentina para esclarecer las acciones de su Gobierno y la seguridad democrática.
A través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió una respuesta sobre la investigación que se le ha abierto en la justicia argentina por su presunta responsabilidad en los falsos positivos durante la confrontación armada contra la guerrilla de las FARC. Durante una transmisión en vivo por Instagram, el líder del Centro Democrático contó con alrededor de 1,100 espectadores.
«Daré estos debates en lo que corresponde a mi gestión y porque Colombia merece la verdad. El país no merece verdades sesgadas que nacieron con el fallido acuerdo de paz de 2016. Estaré dispuesto a contarle a las autoridades argentinas y al resto del continente lo que hicimos por el país para brindarle integralidad a todos nuestros ciudadanos«, afirmó Uribe durante la transmisión.
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En sus declaraciones, El expresidente Uribe lanzó críticas contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y defendió su gestión en materia de seguridad durante su periodo presidencial, que abarcó desde 2002 hasta 2010. El expresidente destacó que la política de Seguridad Democrática buscaba recuperar la confianza en Colombia para todos los ciudadanos, independientemente de su posición política.
La respuesta del exjefe de Estado surge como contraparte a la imputación de cargos promovida por el fiscal argentino Carlos Stornelli, quien busca llevar a juicio a Uribe bajo el concepto de Justicia Universal por su posible participación en los delitos de ejecuciones extrajudiciales.
Cabe recordar que, Uribe reconoció los casos de violaciones a los Derechos Humanos durante su mandato y expresó su pesar por la afectación que esto ha tenido en la política de Seguridad Democrática. Aseguró que su gobierno condenó y apartó a los militares que actuaron fuera de la ley.
El siguiente paso en el proceso podría involucrar que la justicia argentina solicite a la Presidencia de Colombia y a los ministerios de Defensa e Interior copias certificadas de actas y comunicaciones entre 2002 y 2010 relacionadas con las conductas vinculadas a asesinatos y desapariciones forzadas de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate.
La justicia argentina en cabeza del fiscal federal Carlos Stornelli, abrió una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante su gobierno.
El fiscal federal argentino Carlos Stornelli ha confirmado el inicio de una investigación contra Álvaro Uribe Vélez. La indagación busca determinar la posible implicación del líder del Centro Democrático, en su papel como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en Colombia entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008.
De acuerdo con informes del diario Clarín, la investigación se enfoca en cuatro casos específicos de ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de siete personas durante el periodo mencionado. Stornelli busca establecer si Uribe permitió, autorizó, incitó o promovió estos actos.
La denuncia original fue presentada hace un mes por 11 víctimas y tres organizaciones defensoras de derechos humanos ante el Juzgado Federal 2 de Buenos Aires, Argentina, bajo la dirección del juez Sebastián Ramos. Las acusaciones giran en torno a la presunta implicación de Uribe en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública durante su presidencia.
Como parte de la investigación, la justicia argentina solicitará documentación vinculada a los casos de falsos positivos, incluyendo información del presidente, del Ministerio de Defensa y del Interior. Stornelli ha confirmado que se exigirán «copias certificadas de actas de reuniones, notas internas y comunicaciones realizadas entre 2002 y 2010» relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles.
Este proceso legal se lleva a cabo bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los Estados investigar, juzgar y sancionar a autores de graves crímenes sin importar su nacionalidad ni la de las víctimas. Argentina, como defensora de la jurisdicción universal, ha investigado casos similares contra fuerzas de seguridad de Venezuela, Nicaragua, Myanmar y España.
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