La procuraduría encontró irregularidades en contratos, pago de reuniones de socialización que no existieron y casos de predios donde no se les aplicó el descuento por plusvalía.
Así lo dio a conocer La W, ante los resultados del control excepcional que inició la Contraloría General en mayo de 2019 al Transmilenio por la carrera séptima. Dicho control, recordemos, fue solicitado por el senador Rodrigo Lara y aceptado por el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
El ente de control estableció 13 hallazgos administrativos, de los cuales nueve presentan incidencia disciplinaria, es decir, van a la Procuraduría General, y cuatro fiscales por un total de $448 millones; de estos hallazgos varios presentan indagación preliminar.
Hablemos de los casos más graves. Hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, con copia a la Procuraduría, y para indagación preliminar: alerta el ente de control por aumentos injustificados en los montos del presupuesto destinado a la licitación pública y en el contrato de la consultoría. Y es que se evidencia incrementos alterados en demoliciones, arquitectura, temas de estructuras, en el presupuesto de redes eléctricas, en el rubro de gestión social, entre otros.
La Contraloría evidenció que el valor final de la licitación, con respecto al valor presupuestado por el consultor, presenta un incrementó de 11,65% que no se encuentra justificado, significando una diferencia de $181.578 millones.
Hallazgos administrativos con incidencia fiscal y para indagación preliminar y disciplinaria, es decir con copia a la Procuraduría, la Contraloría alertó sobre el caso de predios donde no se les aplicó el descuento por plusvalía. Recordemos que para adquirir predios, se debe descontar del avalúo comercial el valor por concepto de plusvalía, y esto no se hizo. La cuantía del valor dejado de descontar suma $154 millones.
También hay hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, también va a la Procuraduría y tiene indagación preliminar, por el pago de reuniones de socialización con la comunidad, cuyo objeto era informar a la comunidad sobre los resultados definitivo del proyecto, que nunca fueron realizadas. Aquí dice el ente de control que hay un detrimento patrimonial de $78 millones por la no realización de 8 de las 11 reuniones de finalización, como son conocidas.
Además, indagación preliminar por hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, con copia a la Procuraduría, por el contrato 1073 de 2016 para el Diseño de espacio público y urbanismo por $878 millones, donde hubo un reajuste del valor del contrato sin especificar por qué se hizo. Además, otro hallazgo disciplinario por este mismo contrato, en el que se calculó que el presupuesto para la ejecución de la consultoría era de $10.213 millones. Sin embargo, el ente de control encontró que para ese cálculo se tuvieron en cuenta tarifas que exceden los valores de referencia del Banco de la República. Lo que deja sobre la mesa el interrogante ¿por qué aumentar las tarifas? Esto dejó un daño patrimonial de $219 millones, que fue el monto que se añadió sin justificación alguna y que se pagó de más en la consultoría.
Y esta grave situación se repite en el contrato 1104 de 2016 para realizar interventoría. Sobre este contrato también se hace otro hallazgo fiscal y disciplinario por irregularidades en los costos de personal y de operaciones.
Fuente: La W
