La Corte Constitucional continúa marcando territorio frente a las medidas de emergencia del presidente Gustavo Petro en La Guajira, al anular 11 decretos destinados a abordar la crisis económica, social y ecológica en la región.
La Corte Constitucional ha anulado el decreto número 11 del conjunto de medidas de emergencia económica, social y ecológica creado por el presidente Gustavo Petro para abordar la crisis en La Guajira. Este decreto, emitido el 31 de julio de 2023, buscaba implementar medidas especiales para la atención de niños en primera infancia y de madres gestantes en riesgo de desnutrición.
El decreto 1272 proponía la entrega de transferencias monetarias a familias con niños en condiciones de desnutrición y a madres gestantes, consideradas las más afectadas por la escasez de agua en la región. La Sala Plena de la Corte Constitucional argumentó que no existía conexión suficiente entre este decreto y el decreto madre que estableció la emergencia, especialmente en lo que respecta al agravamiento de la crisis humanitaria por la escasez de agua.
La Corte decidió revocar de inmediato las medidas propuestas por el decreto 1272, pero aclaró que las entregas monetarias ya realizadas no serán exigidas de vuelta, preservando la seguridad jurídica y el derecho a la confianza legítima de los receptores.
En el proceso, dos magistrados de la Corte Constitucional salvaron y aclararon su voto. La magistrada Natalia Ángel Cabo destacó que, a pesar de la omisión directa sobre el acceso al agua, sí existía una relación entre la población vulnerable y la crisis del agua, abogando por un efecto diferido. Mientras tanto, el magistrado Juan Carlos Cortés González consideró que el apoyo monetario guardaba relación con la garantía del derecho al agua y otros derechos fundamentales.
Antes de esta última resolución, ya se habían revocado diez decretos, comenzando con el decreto principal que estableció la emergencia ambiental en La Guajira. Más adelante, el tribunal supremo emitió su dictamen sobre un conjunto adicional de cuatro decretos. Estos abordaban temas que incluían la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure, la modificación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, la salvaguarda de la riqueza cultural del pueblo Wayuu y la creación de una institución de educación superior indígena Wayuu. Además, se pronunció sobre el decreto que buscaba anticipar la reforma en el sector de la salud del departamento.
El pasado 9 de noviembre, se añadieron a la lista de decretos anulados aquellos relacionados con la transición energética en el departamento y medidas para asegurar el acceso al agua. Finalmente, se sumaron dos decretos más, centrados en asuntos de agricultura, desarrollo rural y la gestión de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, así como su utilización.
La caída de estos decretos ya estaba predestinada por la Corte desde el 2 de octubre, cuando la Sala Plena derogó el decreto 1085 del 2 de julio de 2023.
