Tras la inesperada inspección realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría Nacional, Hernán Penagos, quien encabeza la institución, ofrece algunas declaraciones firmes sobre lo ocurrido.
El Registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que la entidad a su cargo siempre estará dispuesta a colaborar con las autoridades judiciales y administrativas. Sin embargo, expresó su preocupación al denunciar que durante la visita de la Superintendente de Industria y Comercio, algunos funcionarios de la Registraduría Nacional se extralimitaron en sus funciones.
“Como funcionarios, es nuestro deber ser transparentes con la información de la Registraduría Nacional. Estamos abiertos a que cualquier entidad la solicite y la inspeccione. Por eso, nunca nos negamos a la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio", dijo el…
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 14, 2024
A finales de febrero, el presidente Gustavo Petro cuestionó la legitimidad del sistema electoral colombiano al afirmar que la empresa Thomas Greg & Sons está manipulando la democracia. Según él, de manera sospechosa, esta empresa ha obtenido el manejo de la base de datos de la Registraduría Nacional y el software de escrutinio de las elecciones mediante funcionarios cooptados.
La crítica de Petro al sistema electoral colombiano, al que describió como peor que el de Venezuela, surgió en relación con la licitación para la expedición de pasaportes, suspendida de manera presuntamente irregular por el entonces canciller Álvaro Leyva en septiembre de 2023. Esta licitación fue sorprendentemente adjudicada a Thomas Greg & Sons unas semanas atrás por el secretario general de la Cancillería, en contradicción con la orden presidencial.
De manera interesante, dos semanas después de las acusaciones del presidente Petro, que combinan verdades con imprecisiones, la Superintendencia de Industria y Comercio, que depende directamente de la Presidencia de la República, realizó inspecciones a Thomas Greg & Sons, a la Cancillería y a la Registraduría Nacional, en el marco de sus funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de la libre competencia.
La superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de sus funcionarios en estos casos, asegurando que están actuando dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales. Explicó que se trata de una indagación preliminar que busca determinar si durante las contrataciones se han producido acuerdos o abusos de posición dominante, o violaciones al régimen de la libre competencia.
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