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Investigación de la SIC a Dimayor y FCF por contratos en el fútbol femenino

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Se ha identificado una ‘cartelización salarial’ en la contratación de jugadoras, según la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-.

El fútbol femenino podría tener un profundo impacto en la estructura de la Federación Colombiana de Fútbol, pues la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha presentado un pliego de cargos en contra de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, debido a las irregularidades en los contratos que han afectado la creación de una liga sostenible. De manera similar a lo que está sucediendo actualmente con el escándalo en España, el fútbol femenino podría desencadenar un proceso legal que afecte a una organización que ha estado envuelta en polémicas en los últimos años.

La investigación respaldada por el pliego de cargos de la SIC es inequívoca ya que, tanto la Federación como la Dimayor han cometido cuatro graves acciones anticompetitivas que han perjudicado el progreso del fútbol femenino. Estas acciones incluyen irregularidades en los contratos de las jugadoras, la coordinación de los mismos, la negativa a recibir financiamiento estatal y la suscripción del contrato con Win Sports.

Para este viernes 22 de septiembre, la SIC ha programado una conferencia de prensa en la que revelarán los pormenores de esta investigación. El mundo fútbol en Colombia está a la expectativa del desenlace de esta investigación, ya que, en caso de que se tomen medidas por parte del Estado, esto podría llevar a una solicitud de intervención por parte de la FIFA, lo que resultaría en la inmediata cancelación de competencias, la suspensión de actividades y la exclusión de Colombia de torneos internacionales.

Esta acusación actual de la SIC contra la Federación y la Dimayor no es la primera vez que ambas entidades enfrentan cuestionamientos. En 2018, el Superintendente Pablo Felipe Robledo también inició una investigación en relación con el conocido caso de la reventa de boletas. En los informes correspondientes se evidenció «el desvío masivo de boletería y su posterior reventa, que fue posible gracias a comportamientos atribuidos a la Federación Colombiana de Fútbol’, además del ‘direccionamiento del contrato de operación hacia la empresa Ticketshop«.

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