A pesar de que estas personas aprobaron cinco adiciones al contrato de concesión 01 de 2010 del proyecto, ninguno de los exfuncionarios aceptó los cargos que les imputó la Fiscalía.
En un comunicado emitido este sábado por el ente de justicia, siete ex funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fueron imputados por interés indebido en la celebración de contratos en relación con el caso Odebrecht. Supuestamente llevaron a cabo maniobras ilícitas para beneficiar al concesionario de la Ruta del Sol II.
Los procesados no admitieron los cargos, de haber aprobado cinco modificaciones al contrato de concesión 01 de 2010, destinado a la construcción de un tramo vial de 528 kilómetros en la Ruta del Sol entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).
Se trata de Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano… pic.twitter.com/caCAXSCLOB
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 16, 2023
Los mencionados son Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además, figuran en el comunicado los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
Los procesados enfrentan cargos por supuestamente llevar a cabo maniobras ilícitas con el objetivo de favorecer económicamente al concesionario. Estas maniobras incluyeron la mejora del flujo de caja del concesionario y la posibilidad de recibir giros por adelantado, todo ello sin haber completado el proyecto ni haber recurrido a créditos, entre otras irregularidades, según lo establecido en el documento.
La Fiscalía agregó que dos de los anexos ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos por incumplimientos.
Además, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que no tenía derecho y obtener mayor flujo de caja. Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos.
El fiscal Gabriel Jaimes, informó que la sumaReescribir y re-publicar total de perjuicio para el Estado por el caso Odebrecht ascendió a 120 mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, sigue investigando el complejo tejido de corrupción tejido por la constructora brasileña en relación a contratos irregulares, sobornos y ganancias ilícitas.
Gabriel Jaimes, fiscal adjunto en la Corte Suprema de Justicia, compartió información sobre las prácticas irregulares llevadas a cabo por Odebrecht en Colombia entre 2009 y 2016. la Fiscalía confirmó 55 nuevas imputaciones por el escándalo, entre ellas, la de Marcelo Odebrecht, heredero y expresidente de la multinacional brasileña.
Conforme lo detalló el fiscal Jaimes, la línea primordial de investigación se centra en las irregularidades detectadas en el contrato de concesión de Ruta del Sol II. Dentro de este contrato, se evidenciaron prórrogas en los plazos, modificaciones en los pagos y la omisión de ejecutar ciertas obras. Estas actuaciones se llevaron a cabo internamente en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Estas alteraciones que favorecieron a Odebrecht resultaron en una estimación de alrededor de 120 mil millones de pesos en perjuicio para el Estado.
La Fiscalía confirmó que esta estructura criminal, que operaba desde Brasil, no se limitó a realizar pagos para su propio provecho en relación con contratos irregulares. Además, se ha constatado que efectuaron aportaciones a campañas y movimientos políticos en Colombia.
Los fondos fueron generados por Odebrecht Brasil a través de su división de operaciones estructuradas, la cual opera mediante una red de cuentas offshore en paraísos fiscales, con transferencias hacia diversas ubicaciones globales.
«Trasladó dinero y lo puso en unas empresas en Panamá que monetizaron el dinero y los trajeron vía contratos ficticios a Colombia para aportes de campaña. Ese fue el mecanismo de pagos que se ha detectado en el rastreo de esos capitales«, explicó el fiscal Jaimes.
También indicó que aún está en proceso de investigación determinar si el expresidente Santos tenía conocimiento sobre la entrada de estos fondos irregulares en sus campañas políticas y señala que es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones llevar adelante esta pesquisa al expresidente.
El Fiscal Barbosa, la ViceFiscal Mancera y el Fiscal Jaimes dejan claro que Néstor Humberto Martínez, no va a ser investigado en lo más mínimo por el caso Odebrecht. La próxima Fiscalía debe investigar a los verdaderos artífices de Odebrecht y a quienes buscaron su impunidad. pic.twitter.com/XH18f1s3p4
— Juan Poe (@JuanPoe) August 17, 2023
En cuanto a la posible implicación del exfiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que en este caso él aparece como asesor jurídico del Grupo Aval. Sin embargo, basado en su mención y la evidencia judicial actual, no es posible atribuirle ningún estatus de imputado.
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Durante el Congreso Empresarial de la Andi en Cartagena, la Fiscalía General de la Nación ha expuesto avances en las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht.
De acuerdo al fiscal general, Francisco Barbosa, se ha confirmado que más de $6.000 millones habrían sido dirigidos a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. La Fiscalía expone que estos aportes fueron descubiertos gracias a la inteligencia financiera, y que específicamente $3.540 millones se destinaron a la campaña de Juan Manuel Santos, mientras que la de Óscar Iván Zuluaga recibió alrededor de $3.045 millones.
El ente de justicia ha presentado cargos contra varios de sus ejecutivos, entre ellos Marcelo Odebrecht, quien ejerció como presidente del Conglomerado brasileño de 2008 a 2015, así como el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010. Se les señala como presuntos instigadores y coordinadores en el presunto desvío ilegal de fondos públicos.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa brasileña habría entregado más de $80.000 millones en sobornos en territorio colombiano. Esto ha resultado en la acusación de 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI). La Fiscalía asegura disponer de pruebas sólidas que indican su participación en la firma de seis anexos adicionales del contrato de concesión Ruta del Sol II SAS, que aparentemente beneficiaron al contratista.
La investigación advierte que el actuar colectivo de estas personas favoreció notoriamente al concesionario con modificaciones a la forma de pago original, aplazamiento injustificado para el inicio de obras en algunos tramos, ajustes al cronograma de obra, entre otras… pic.twitter.com/7bco5Ny67y
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 17, 2023
Los 33 involucrados enfrentarán cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, y sus imputaciones se basarán en su presunta responsabilidad en las irregularidades de cada anexo.
Ningún otro funcionario de estas entidades ha sido acusado de corrupción en relación al caso Odebrecht, reiteró la entidad financiera. El presidente Petro ya se manifestó.
Este miércoles 16 de agosto, Corficolombiana emitió un comunicado en respuesta a la multa de $60 millones impuesta por Estados Unidos por el caso de corrupción relacionado con Odebrecht. En su declaración, la compañía aclaró que el Departamento de Justicia de ese país no presentó cargos contra Grupo Aval en relación al Proyecto Ruta del Sol II.
En el comunicado señalan que, «las resoluciones del DOJ y de la SEC no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista de Grupo Aval, ni ningún funcionario, director o accionista de Corficolombiana, distinto al exejecutivo de Corficolombiana«.
Además, el documento recalca que las decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses dan cierre a las investigaciones realizadas por dichas agencias en relación al Grupo Aval y Corficolombiana en el contexto del Proyecto Ruta del Sol Sector II.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales se manifestó ante el comunicado publicado por Corficolombiana.
El acuerdo que establece el grupo Aval en Estados Unidos dice que Melo, expresidente de corficolombiana fue el único de los miembros del grupo que sobornó con 26 millones se dólares del grupo a funcionarios y políticos.
Melo solo confesó 6.000 millones de pesos de sobornos a la… https://t.co/OIM2i4pvJP
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2023
El expresidente de Corficolombiana afirma que en ningún momento estuvo involucrado en los sobornos a funcionarios del Gobierno de Colombia para favorecer a la firma Odebrecht.
Desde la prisión de La Picota, el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, desmintió enérgicamente el acuerdo millonario entre la multinacional brasileña y el Grupo Aval con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en el cual ‘admiten responsabilidad por un esquema de sobornos a Odebrecht‘.
«Nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña – Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo II y tampoco participé de ninguna manera en la ejecución de dichos acuerdos ilegales«, señaló en un comunicado divulgado por la defensa de Melo.
Comunicado de José Elías Melo, expresidente de @corficolombiana que abre un nuevo capítulo en el caso de los sobornos de @grupoaval y @Odebrecht pic.twitter.com/XGFDnYjIsT
— Daniel Coronell (@DCoronell) August 15, 2023
En 2019, la justicia colombiana condenó a Melo por su vinculación con el soborno de 6,5 millones de dólares entregado por Odebrecht al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, en relación con el proyecto Ruta del Sol II.
Este comunicado surge después de que el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos cerraran una investigación de cinco años dirigida al Grupo Aval y Corficolombiana, socios minoritarios de Odebrecht en dicho proyecto. Aunque no se presentaron cargos contra ningún directivo o accionista de las empresas colombianas, se impusieron multas de 60 millones de dólares debido a la legislación estadounidense que responsabiliza a las empresas por las acciones de sus empleados, en este caso, José Elías Melo.
En su comunicado, Melo continua diciendo que si la divulgación de la decisión por parte de las autoridades estadounidenses implica que acepta su culpabilidad en los sobornos, la rechaza «de manera categórica» al considerarla «contraria a la verdad«.
Afirma que su condena se basa en el «testimonio falso» de Luiz Bueno, un funcionario de Odebrecht que lo acusó de estar informado sobre los sobornos. Melo señala que los acuerdos entre el Grupo Aval, Corficolombiana y las autoridades estadounidenses «tienen implicaciones que, aun sin ser fallos judiciales, asumen tal carácter, lo cual afecta gravemente mi derecho de defensa«. Melo lamenta no haber sido incluido en esas conversaciones, que fueron lideradas por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores.
