La Procuraduría busca determinar si la U. Nacional fue utilizada para favorecer intereses políticos, específicamente en las campañas electorales, mientras que en el contrato con Telemedellín, firmado por más de $18.000 millones, se investiga una posible irregularidad en la modalidad de contratación.
La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa los contratos de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, abriendo dos investigaciones por presuntas irregularidades en la firma y ejecución de acuerdos estratégicos con la Universidad Nacional y Telemedellín.
Universidad Nacional
En el primer caso, la Procuraduría examina el contrato con la institución educativa y ha iniciado investigaciones contra la actual jefa de la Secretaría, Mónica María Orrego López, así como exfuncionarios Juan José Aux Trujillo y Juan Carlos Gómez Henao. Se cuestiona si el contrato, valorado en más de nueve mil millones de pesos, fue utilizado para favorecer intereses políticos en campañas pasadas y si la contratación directa eludió las modalidades legales.
Además, la procuraduría está investigando si la administración municipal actuó de acuerdo con la ley al contratar directamente a una universidad mediante un convenio interadministrativo, una medida excepcional. El ente de control indaga si la institución tenía la capacidad necesaria para realizar estas acciones y señala que ha suscrito más de 280 contratos, incluyendo uno con una persona vinculada a la campaña de un candidato a la alcaldía, generando preocupación en la investigación.
Por presuntas irregularidades en firma y ejecución de 2 contratos entre la @AlcadiadeMed con @Telemedellin y la Universidad Nacional, @PGN_COL abrió investigación. #EsNoticia Detalles 👉 https://t.co/U3tlbdOvO3 pic.twitter.com/uTVDM6wFMA
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 14, 2023
Telemedellín
En el segundo caso, la Procuraduría abrió una investigación en contra de los exsecretarios de Comunicaciones, Juan José Aux Trujillo y Clara Inés Izquierdo, esta última en calidad de encargada, y contra los profesionales universitarios Juan Carlos Gómez Henao y Víctor Manuel Quiroz, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación.
El contrato, inicialmente por $12.496.159.017 y con una adición de $6.248.079.508, se suscribió bajo la modalidad de contratación directa, presuntamente eludiendo el procedimiento de licitación pública. Además, se indaga sobre la capacidad del canal regional para ejecutar el contrato, dada la tercerización de actividades con la empresa Maxempleos.
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