Inicialmente, el ministro de Transporte, William Camargo, otorgó su aprobación para prolongar un contrato en el puerto de Buenaventura. No obstante, cinco días después, cambió de parecer y revocó dicha autorización.
La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una investigación disciplinaria dirigida al ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, debido a supuestas irregularidades relacionadas con la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de revocar la concesión portuaria previamente otorgada al Grupo Portuario S.A. Esta concesión estaba vinculada al Muelle 13 de Buenaventura.
El 28 de diciembre del año pasado, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, rechazó la prórroga y modificación del contrato de concesión portuaria, la cual había sido aprobada tan solo cinco días antes, el 23 de diciembre. Este giro en la decisión por parte del ministro Camargo ha suscitado el interés de la Procuraduría, que ahora se aboca a investigar a fondo las razones detrás de esta determinación.
La investigación a parte del ministro de Transporte, también involucra a otros cinco funcionarios que participaron en la revocatoria de la concesión. Entre ellos se encuentran la viceministra general (e) del Ministerio de Hacienda y Crédito, Sandra Yolima Esguerra Castañeda; la viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, Juan Miguel Gallego Acevedo; la vicepresidenta de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, Carolina Jackeline Barbanti Mansilla; y el vicepresidente de Gestión Contractual y vicepresidente jurídico Ad Hoc de la ANI, Gustavo Adolfo Salazar Herrán.
Según la Procuraduría, estos funcionarios podrían haber actuado de manera injustificada al alegar «importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura«, sin presentar evidencias sólidas ni tener en cuenta la opinión de la Superintendencia General de Puertos y la decisión del Establecimiento Público Ambiental, que es la máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana del distrito.
Además de las presuntas irregularidades ambientales, se investigará la posible violación del debido proceso durante el trámite relacionado con la solicitud de modificación sustancial del contrato de concesión portuaria. Esto incluye aspectos como la preclusión de las etapas, la composición del consejo directivo y la exclusión del recurso de reposición en el proceso.
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