En la denuncia presentada por EPS Sanitas, hacía Luis Carlos Leal, se presentan elementos de prueba que ya habían sido mencionados por la Procuraduría.
La intervención de la EPS Sanitas ha generado una ola de angustia y controversia tanto entre sus millones de usuarios como en expertos del sector de la salud. Las dudas y preocupaciones se agudizaron tras una inspección realizada por la Procuraduría, que reveló presuntas irregularidades en el proceso de intervención. Estos hallazgos han sido el punto de partida para una denuncia presentada por Sanitas ante la Fiscalía General de la Nación.
El inicio de esta acción legal fue marcado por una pronta reacción por parte de los representantes legales de Sanitas. En una decisión sin precedentes, radicaron una denuncia formal contra el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, en las oficinas de la Fiscalía. Esta medida se tomó tras advertir las irregularidades no solo detectadas por la Procuraduría, sino también identificadas por los abogados de la EPS durante varios días de minuciosas verificaciones.
La actuación del Ministerio Público se ha vuelto crucial en este escenario. Luego de examinar detalladamente los argumentos que sustentaron la intervención, se abrió una investigación formal. Esta investigación se centra en verificar si las razones que llevaron a la intervención forzosa fueron fundamentadas y proporcionales, una tarea que ha generado un intenso debate entre la Procuraduría y la Superintendencia de Salud.
El colmo de los colmos, ahora el abogado de Keralty dueña de la EPS Sanitas que según la Contraloría habría desaparecido más de 3.7 billones de pesos, acaba de denunciar en la fiscalía al Superintendente de Salud por su intervención, tras de ladrones bufones. pic.twitter.com/Fx8lpf04rl
— Mamertos 2.0🐦 (@Mamertos0) April 15, 2024
El procurador Luis Ramiro Escandón hizo una denuncia que no existía ningún expediente que respaldara el acto administrativo que excluyó a las directivas de Sanitas de su gestión. Esta falta de documentación también se extendió a la intervención de la Nueva EPS, lo que plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y legalidad de estos procedimientos.
En este contexto, los representantes legales de Sanitas esperan que la Fiscalía avance en las investigaciones pertinentes para determinar las presuntas irregularidades cometidas por el superintendente de salud. La intervención de Sanitas, como la EPS más grande del país con más de 5 millones de usuarios, ha puesto en el centro del debate la necesidad de garantizar la transparencia y legalidad en las decisiones que afectan a la prestación de servicios de salud en Colombia.
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