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Caso Álvaro Uribe Vélez: 10 de julio inician las audiencias preparatorias

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Luego de la acusación al expresidente Álvaro Uribe, se efectuará la cita preparatoria, posteriormente el juicio, y finalmente el fallo y la sentencia.

Las audiencias preparatorias de juicio del exsenador y también, expresidente, Álvaro Uribe Vélez, acusado formalmente por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, se han programado para el mes de julio. La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá determinó que las diligencias, que serán inicialmente virtuales, se llevarán a cabo del 10 al 12 de julio desde las 8:00 a.m. y durante todo el día.

Además, se informó que los días 17, 30 y 31 de julio también se realizarán audiencias en este caso. La programación continuará en agosto, con sesiones previstas para los días 1, 2, 5, 6, 8 y 9 de agosto, todas iniciando a las 8:00 a.m.

El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, llamó formalmente a juicio al expresidente Uribe, a quien calificó como “el determinador” de la presunta manipulación de los testigos Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve Pineda y Eurídice Cortés Velasco, todos exparamilitares y actualmente privados de la libertad.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, además, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios”, afirmó Villarreal.

Según el fiscal, Uribe buscaba obtener testimonios o documentos que dieran cuenta de hechos parcialmente ciertos o falsos, con el fin de desacreditar las versiones en su contra y de su hermano Santiago, rendidas por los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros, en el contexto de diversas investigaciones penales.

El fiscal también mencionó que Uribe determinó al abogado Diego Cadena Ramírez para que, supuestamente, ofreciera prebendas o coimas a los testigos seleccionados para que declararan a su favor. “Álvaro Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona, entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos, para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas”, explicó.

Finalmente, el fiscal comentó que con estos actos específicos, Uribe indujo en error a la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, buscando obtener decisiones contrarias a la ley.

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Tras la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia de rechazar la solicitud de nulidad, el caso de Álvaro Uribe Vélez continúa su curso hacia el juicio. La magistrada ha fundamentado su decisión en la claridad de la indagatoria realizada al expresidente.

Después de resolver la solicitud de nulidad presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso en su contra por presunta manipulación de testigos, la  jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Arana dio el visto para que la Fiscalía General de la Nación formalice la acusación contra el exmandatario. Esta decisión marca un hito en el desarrollo del caso y sienta las bases para el próximo capítulo legal.

Durante la audiencia de acusación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez intervino para reiterar su inocencia, negando haber ordenado buscar a Juan Guillermo Monsalve para desprestigiar al senador Iván Cepeda. Además, manifestó que su proceso había tenido vacíos jurídicos en la etapa de imputación de cargos, solicitando que se anulara su caso.

Por su parte, la jueza Sandra Heredia, rechazó la solicitud de nulidad presentada por Uribe, argumentando que se había respetado el debido proceso en todas las instancias y que la solicitud de nulidad buscaba únicamente retrasar el trámite del caso, que llevaba seis años en curso.

A pesar de la apelación presentada por el abogado del exmandatario, Jaime Granados, la jueza mantuvo firme el proceso y reconoció a Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez como víctimas en el caso. Granados había argumentado en contra de este reconocimiento, destacando que no todas las personas con problemas de seguridad deben ser consideradas víctimas y resaltando la necesidad de establecer límites en este reconocimiento. Sin embargo, la jueza consideró que la solicitud de nulidad era «impertinente, infundada e inconducente«.

El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia destacó que la investigación contra Uribe se originó en 2018 durante la revisión de una denuncia contra el senador Iván Cepeda por presunta compra de testigos para implicar al exmandatario y a su hermano Santiago Uribe Vélez con grupos paramilitares en Antioquia.

En el transcurso de la investigación, surgió la declaración del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda desde la cárcel La Picota, en Bogotá. Monsalve afirmó que fue contactado por el abogado Diego Cadena, quien se presentó como representante legal de Álvaro Uribe. Cadena le ofreció beneficios judiciales y dádivas a cambio de modificar sus declaraciones ante la Justicia y Paz, retractándose de sus señalamientos sobre la participación de los hermanos Uribe en un grupo paramilitar en Antioquia en los años noventa.

El propósito de esta manipulación era que Monsalve implicara al senador Iván Cepeda en presuntas presiones para modificar sus testimonios. Estos eventos marcan un punto crítico en el proceso judicial, revelando la complejidad y las implicaciones del caso Uribe Vélez ante la justicia colombiana.

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Será competencia de la jueza si declara o no, la nulidad del proceso contra Álvaro Uribe y resolver sobre la admisión de recursos contra su veredicto.

Este viernes 24 de mayo, se inició una nueva sesión de la audiencia de formulación de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno de testigos y fraude procesal. La jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Arana, estuvo al frente de la audiencia. La jueza Heredia manejó una sesión maratónica de trece horas, sin permitir aplazamientos ni largos recesos, y mostró disposición a evitar nuevas maniobras dilatorias que han prolongado este caso durante años.

En el centro de la atención de los intervinientes se encuentra la fecha del 7 de octubre de 2025. Si para ese día no hay una decisión en segunda instancia, el expresidente Uribe quedará protegido por la prescripción de la acción penal, lo que significaría que, aunque no sería declarado inocente, tampoco sería condenado, poniendo fin a años de acumulación de pruebas y aplazamientos.

La jueza Heredia tiene que tomar dos decisiones de importancia el transcurso del juicio:

  1. Decidir sobre la nulidad del proceso pedida por la defensa.
  2. Reconocer a todas las víctimas que han participado en las fases iniciales, previas al llamado a juicio.

La solicitud de nulidad ha sido uno de los principales argumentos de la defensa del expresidente Uribe. Esta se basa en dos razones: primero, que no se puede establecer equivalencia entre indagatoria e imputación, lo que, según la defensa, debería anular lo actuado y reiniciar el proceso. Este argumento surgió debido al tránsito del caso de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, ya que cada institución aplicaba un código de procedimiento diferente.

Este alegato ya fue rechazado por el juez cuarto penal del circuito, quien declaró que sí eran equivalentes la indagatoria y la imputación. El abogado Jaime Granados presentó entonces una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, que también fue desestimada, y posteriormente fue revisada por la Corte Constitucional, donde nuevamente resultó vencida. A pesar de estos reveses, el tiempo transcurrido durante estos procedimientos ha acercado el caso a la prescripción, que parece ser la estrategia principal de la defensa del expresidente.

El segundo argumento de nulidad tiene que ver con las interceptaciones telefónicas a Uribe, las cuales la defensa argumenta que son ilegales porque vulneran la relación cliente-abogado. Sin embargo, el autollamado «abogánster», Diego Cadena, nunca fue abogado del expresidente en este proceso. Este argumento también ha sido rechazado ante la Corte Suprema de Justicia y ante dos juezas que negaron la preclusión buscada por los fiscales delegados de Francisco Barbosa, así como ante el Tribunal de Bogotá.

La jueza Heredia tiene tres opciones ante estos alegatos:

  1. Aceptar la nulidad, lo cual sería apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, prolongando el proceso y acercando la prescripción.
  2. Negar los alegatos de fondo, lo que igualmente resultaría en una revisión por el Tribunal, permitiendo más tiempo a favor de la prescripción.
  3. Negar la nulidad de plano, una decisión sin posibilidad de recurso, cerrando el paso a la estrategia dilatoria.

En cuanto al reconocimiento de las víctimas, la jueza puede decidir negar esta condición a algunas personas aceptadas provisionalmente, como el senador Iván Cepeda, la médica Deyanira Gómez (exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve), o los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Si la jueza toma una decisión contraria a las víctimas, esta tendrá que ser examinada por el Tribunal de Bogotá. A diferencia de la nulidad, el proceso podría continuar mientras el Tribunal decide sobre este asunto.

Otro de los momentos esperados de la audiencia es la intervención del expresidente Álvaro Uribe, quien ha estado publicando videos con su versión de los hechos, criticando a jueces y testigos, y oponiéndose a las evidencias presentadas. Aunque es discutible que pueda intervenir en este momento del proceso, la jueza decidió concederle la palabra para ejercer una vocería de su defensa material. La participación dej Uribe, el único expresidente procesado por cargos criminales en la historia de Colombia, seguramente no pasará desapercibida.

Si la jueza Heredia niega todas las solicitudes de la defensa de Álvaro Uribe —y considerando que estas ya han sido rechazadas en varias instancias judiciales—, el siguiente paso será la audiencia preparatoria del juicio contra el expresidente.

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