Se conoció en exclusiva el proyecto de ley que sería presentado al final de este año ante el Congreso sobre la Reforma a la salud
Al plantear un cambio profundo al servicio de salud en Colombia, el proyecto de ley que hoy prepara el Gobierno Nacional le entrega el manejo del sistema al Consejo Nacional de Salud, dándole autonomía decisoria.
Esa entidad la formarían 37 miembros con voz y voto más la presencia permanente del Superintendente Nacional. Entre los 37 miembros estarían representantes del gobierno, de las Secretarías territoriales, del sector empresarial, de las centrales obreras, de las asociaciones campesinas, de las organizaciones de pacientes, de comunidades étnicas, de organizaciones de población en discapacidad, LGBTI, de asuntos de género; también de las instituciones prestadoras de servicios y de organizaciones académicas. Sería ese consejo de donde saldrían las políticas públicas nacionales de salud, con énfasis en la promoción de la calidad de vida.
También el proyecto de la Reforma a la salud plantea crear nuevas entidades, entre las que se destacan, el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnología e Innovación en Salud, para hacer los estudios de pertinencia y calidad del sistema; se mantendría el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Otra entidad sería el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Salud, cuyo objeto sería la investigación, fabricación, producción, distribución y demás etapas del desarrollo en tecnologías de la salud, como vacunas, medicamentos, tecnologías experimentales, ensayos clínicos y demás dispositivos médicos.
Esto pasa con la comunidad LGBTI y la Viruela del Mono
El funcionamiento del sistema requiere, por supuesto, del aporte de todos los colombianos. La plata seguiría llegando de todos los colombianos trabajadores asalariados o independientes y de las empresas. La novedad está en que se crearía el Fondo Único Público para la Salud, administrado por el ADRES, que ya existe, adscrito al Ministerio de Salud y que giraría directamente los recursos a las entidades territoriales e instituciones prestadores. Así, tendríamos un sistema casi totalmente público, pero con participación de entidades privadas a las que le pagaría directamente el Estado.
El gobierno ha dicho varias veces que se fortalecerá la responsabilidad de los municipios y de los departamentos en el nuevo esquema. Para eso crearía los Consejos Territoriales de Salud, teniendo en cuenta las particularidades de la región correspondiente. En los niveles departamental, distrital y municipal, serían un reflejo a escala del modelo nacional de Consejo, para articular políticas nacionales y otras específicas para los territorios.
Por lo pronto el Gobierno sigue construyendo la pripuesta de la Reforma a la salud, se pondría a consideración de los actores del sistema y llegaría al Congreso al final de este año o comienzo del próximo. El proyecto sería sometido a consulta previa con las comunidades del país y, una vez aprobado por el Congreso, tendría un plazo mínimo de 6 meses para empezar a aplicarse.
